La Diputación de Toledo tan solo tiene consignada económicamente, en el presupuesto de 2013, una partida para hacer frente durante únicamente «un mes» a los salarios del personal del Hospital Provincial de Toledo.
Así se pronunciaba ayer durante el desayuno informativo de balance de gestión en la capital regional el presidente de esta Institución, Arturo García-Tizón, en relación a lo que parece estar convirtiéndose en un gran problema, ya que la Junta de Comunidades no da el paso definitivo para hacerse cargo de la gestión de esta infraestructura sanitaria que supone una sobrecarga de gastos para la Diputación toledana.
«Sin recibir un solo pago es insostenible» mantener abierto el Hospital Provincial, insistía García-Tizón, quien aseguraba que llevan esperando una respuesta de la Junta de Comunidades «en torno a un mes» para su traspaso definitivo al Sescam.
Sobre porqué se está produciendo este retraso, insistía tras varias preguntas de los medios de comunicación, «no tengo más información que la que le he dicho». Y no es otra que encontrarse a expensas de que el Ejecutivo regional «dé el paso siguiente», algo que, probablemente pueda venir por un «problema burocrático», ya que creen que no es personal del consejero de Sanidad.
Ante la afirmación de una periodista sobre que al traspaso del Provincial solo le faltaba pasar por el Consejo de Gobierno, el presidente de Diputación dijo «Dios te oiga».
Más de un año. García-Tizón recordaba que «desde que llegué a la Diputación dije claramente que uno de los objetivos era que cada administración ejerciera sus propias competencias. En el caso de la Diputación de Toledo había dos instituciones que, por unas razones u otras, habían quedado en Diputación siendo así que la competencia había pasado a la Junta de Comunidades».
Una de ellas es el Provincial que está siendo sostenido íntegramente por la Diputación desde el año 2010, cuando dejó de cumplirse el contrato entre ambas instituciones (provincial y regional) al no percibirse el dinero pactado del Ejecutivo regional.
Asumiendo el coste al 100% de la infraestructura «arruinábamos a la Diputación», suscribía García-Tizón, quien expresaba que fue en 2011 cuando se comenzaron los trámites para en primer lugar llevar a cabo una gestión «a tres bandas» mediante un Consorcio con ambas administraciones y una entidad privada. Como no se llevó a efecto, se ofreció el traspaso directo al Sescam, acuerdo que fue suscrito en octubre de este año durante una comisión mixta entre Diputación y la Junta de Comunidades.
De esta forma, se siguieron los trámites correspondientes en este tipo de acciones: llevarlo a pleno y aprobarlo, dejar un plazo de información publica de veinte días donde no hubo alegaciones y tramitar todo el expediente a la Junta de Comunidades.
Desde ese momento, «ahí estamos», decía, «no hemos vuelto a tener más noticia» y la Diputación sigue haciendo frente a los gastos de forma unitaria.
En cuantías económicas, el pago de las nóminas de todo un año del personal del Provincial asciende a 20 millones de euros, afirmaba el presidente provincial. A esto, hay que sumarle alrededor de un millón de euros más «de material».