Finalmente terminó 2023 y la Comisión Europea no ha presentado ninguna propuesta legislativa sobre la política alimentaria sostenible europea. Esta hubiera sido la última, entre sus iniciativas previstas en la Estrategia de la granja a la mesa del Pacto Verde Europeo, tras haber presentado en diciembre nuevas normas de bienestar animal en el transporte.
Quizá podía intuirse que se retrasaría después de escuchar, el 13 de septiembre, el discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen proponía, en su exposición ante el Parlamento Europeo, la conveniencia de reabrir el debate agroalimentario, con el fin de evitar que las posiciones -entre los que consideran que debe ser prioritaria la productividad agraria, los que opinan que debe serlo el medio natural y los que abogan por la salud y la seguridad alimentaria- sean cada vez más contrapuestas y buscar cómo abordar, sin enfrentamientos, la transición verde europea, abriendo el dialogo a todos los operadores de la cadena alimentaria, incluyendo al conjunto de la ciudadanía.
La propia Comisión Europea en la evaluación de impacto inicial de esta iniciativa para un sistema alimentario sostenible publicada en 2021 -con la que ofrecía a los ciudadanos información para permitirles participar eficazmente en la consulta pública- estimaba que, a corto plazo, exigir nuevos requisitos de sostenibilidad para los alimentos, supondría costes adicionales para los fabricantes, los distribuidores y los minoristas, pero, en particular, para los agricultores y los ganaderos. Esto, en consecuencia, supondría que los precios que deberían pagar los consumidores por los alimentos serían más altos y disminuirían los márgenes de beneficio de todos los operadores del sistema alimentario. Por tanto, hacía hincapié en la necesidad de prestar atención en cómo garantizar que la transición a sistemas alimentarios sostenibles fuera justa.
Más tarde, en 2022, el Centro Común de Investigación (JRC), que proporciona conocimiento y evidencias a la Comisión Europea con las que fundamentar sus políticas y desarrollos legislativos, puso el acento en el cambio de mentalidad que debía imponerse para entender la sostenibilidad en sus tres dimensiones: económica, ambiental y social.  Destacaba, además, que, aunque pueda decirse que la mayoría de los impactos negativos sobre la sostenibilidad alimentaria proceden del sector primario -casi todos porque, por ejemplo, al desperdicio alimentario contribuye poco-, hay que tener presente que los agricultores y ganaderos, con menor capacidad para readaptarse y reorientarse, producen de acuerdo con las exigencias y preferencias de otros actores. Les influyen, tanto la industria y la distribución que pone en el mercado los productos alimentarios como los consumidores que los demandan. Por ello, debe protegerse a los agricultores y ganaderos, estableciendo mecanismos para apoyar su producción sostenible y sensibilizando al consumidor para que adopte una alimentación sana, justa y que no agote los recursos.
Tal vez por eso, el debate que se reabre en 2024 comience por preguntarse: ¿Cómo podemos ofrecer a nuestros agricultores un nivel de vida justo conservando los ecosistemas en un mundo competitivo? ¿Cómo podemos aprovechar mejor el conocimiento y la innovación tecnológica?