La gestión previa y posterior a la DANA del Levante nos ha dejado el ejemplo positivo de una  sociedad civil que ha reaccionado con un comportamiento solidario y una diligencia máxima para tratar de paliar la incompetencia y la soberbia de las Administraciones concernidas que, además, han malgastado esfuerzos y tiempo en polémicas no ya estériles sino algo mucho peor, gravemente dañosas para la vida y la hacienda de los afectados y asimismo de todos los ciudadanos por la destrucción no solamente de bienes particulares de toda clase sino también de infraestructuras públicas, lo cual tiene menor importancia naturalmente ante la tragedia de cientos de vidas perdidas y ello aunque fuera una sola la víctima mortal.
Se ha puesto de manifiesto que algunos dirigentes que ostentan las máximas responsabilidades no han aprendido las muchas lecciones que nos dejó la pandemia de la Covid. La primera, pero no la única, es que un dirigente de una institución, ante una situación de amenaza grave para la vida y el patrimonio de aquellos sobre los que gobierna debe ejercer con firmeza los poderes o competencias que le corresponden. Porque el liderazgo se acredita no gobernando en situaciones de bonanza o serenidad sino adoptando decisiones difíciles aún con el riesgo de equivocarse y quedar en mal lugar, con el riesgo de ser acusado de actuar precipitadamente o de generar pánico infundado; quien no toma la decisión arriesgada en un momento de incertidumbre por el temor a no acertar y por el miedo a parecer un dirigente asustadizo que quede en ridículo es un mero, y no bueno, gestor; no un líder.
Un ejemplo de liderazgo lo ha dado la rectora de la Universidad de Valencia que en las últimas horas del lunes previo a la DANA anunció la suspensión de las clases por la previsión de fuertes lluvias y el martes por la mañana adoptó la decisión de suspender la totalidad de actividades enviando un aviso a los miembros de la comunidad universitaria para que retornaran a sus domicilios, y ello en función de un principio básico de actuación que se funda en el análisis de la situación presente y la evolución previsible en orden a valorar los riesgos priorizando la seguridad de las personas sobre cualquier otra consideración, incluida la eventual desaprobación o reproche de terceros porque, ante la inacción de quien debería haber actuado, no se le puede achacar deslealtad institucional a quien actuó con firmeza adelantándose a los acontecimientos.
Si malo es no tener el coraje de tomar una decisión comprometida cuando se tienen datos acusadamente preocupantes sobre una determinada situación y que lamentablemente se confirman causando víctimas mortales, no lo es menos verse totalmente superado e incapaz de reaccionar con prontitud y eficacia. Lo que ocurre normalmente es que quien no ha sido capaz de adoptar la decisión necesaria anticipándose a los acontecimientos tampoco lo es para dar respuesta a la crisis que se genera.
Una segunda lección de la crisis es la necesidad de una actuación coordinada entre los diferentes niveles de las administraciones públicas de modo que los medios humanos, económicos y materiales de los que disponen. Esta descoordinación, por decirlo eufemísticamente, ha impedido que se hayan puesto en auxilio y ayuda de los ciudadanos, desde el primer día, todos los instrumentos de que dispone un Estado económicamente desarrollado, constituido por diferentes niveles de Administración que están obligados a cooperar no solo por imperativo constitucional sino por un primario sentido ético.
Pero las autoridades responsables se enzarzan y entretienen discutiendo de quién es la culpa, cómo se debe activar el protocolo, a quién corresponde la responsabilidad de la movilización. Una ceremonia de la confusión que distrae de lo principal, de lo esencial.