En medio de la trifulca política, salpicada de paripés que se traducen en declaraciones hostiles y comisiones de investigación inútiles y enervantes, se ha colado en la agenda de nuestros gobernantes el tema de la vivienda. Debe ser que no se habían apercibido de las dificultades a las que se enfrentan las personas normales para encontrar a un precio asequible un lugar donde vivir. Tal vez porque muchos de ellos, los del Gobierno central y algún que otro presidente autonómico, ocupan casas del Estado y no sólo no pagan ni hipoteca ni alquiler, sino que tampoco hacen frente a los gastos cotidianos de alimentación y suministros de agua, gas o luz. No pidamos peras al olmo, que están muy ocupados con sus tramas y no han dispuesto de tiempo para pensar en los sufridos ciudadanos.
El Gobierno central no ha dado una con su Ley de la Vivienda, pero es cierto que aquí, en la región y concretamente en Toledo, hace siglos, es un decir, que no se construyen pisos de protección oficial o social, como aquellos que se levantaron en Santa Teresa o en Buenavista y que sirvieron para dar cobijo a familias de clase media, quienes encontraron un hogar en su ciudad, sin necesidad de marcharse a localidades cercanas. Hoy, si echamos un vistazo a las inmobiliarias, comprobaremos que las cantidades que se solicitan por pisos en Toledo no sólo son abusivas, sino indecentes. De acuerdo que responden a la ley de la oferta y la demanda en un mercado libre, pero si queremos que nuestra capital no siga su escalada hacia una desvergonzada especulación, es necesario, por ejemplo, apostar por que la EMV, dedicada a cobrar multas en la era tolonista, se centre en construir casas. La nueva etapa de esta empresa está llamada a ser fructífera. No me vale con que el anterior gerente diga que en 16 años "se han construido directa o indirectamente 400 viviendas". Eso no es para presumir, sino para echarse a llorar.
Cierto es que el Polígono, con suelo de la Junta, es el barrio que ha acaparado las promociones públicas. Pero que ahora Page y su gobierno vendan como un logro la construcción de pisos de alquiler a casi 650 euros mensuales no es sino una tomadura de pelo y una muestra de que los gobernantes no conocen la realidad de aquellos a los que después, desesperadamente, piden el voto. De esos 50.000 pisos que anuncia la Junta, mejor ni hablar. 
En definitiva, los toledanos, jóvenes y mayores, sufren auténticos problemas para residir en su ciudad. Los alquileres claman al cielo, las nuevas promociones son un insulto para los vecinos de a pie y ha llegado el momento de que los propietarios no encuentren una bicoca en los apartamentos turísticos, cuyas licencias, ahora paralizadas, se deben regular con sumo cuidado. Hay que dar soluciones a los vecinos, renunciar a nuevos barrios que alejan y encarecen la vida y aprovechar, se me ocurre, el gran valor del Casco y convertirlo en esa joya en la que vivir sea un privilegio, no un calvario.