A estas alturas, pocos habrá que ignoren el Pacto Verde europeo de 2019. Una serie de iniciativas políticas para transitar ecológicamente hasta alcanzar en 2025 la neutralidad climática. Es decir, conseguir en ese tiempo que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana lleguen a equilibrarse con las que el planeta es capaz de absorber de manera natural.
Entre las medidas de su Objetivo 55 - paquete de propuestas legislativas e inversiones destinadas a que la reducción mínima de emisiones en 2030 sea de un 55% respecto a los niveles de 1990- destacan las dirigidas a lograr elevar la cuota de renovables en el consumo de energía final. Además, en 2022, a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, la UE se vio obligada a reducir su dependencia de los combustibles fósiles, por lo que aceleró esta transición hacia las renovables, ampliándola con el plan REPowerUE y cerca de 300.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Al ser la energía solar fotovoltaica una de las tecnologías que con mayor rapidez se podía desplegar en el territorio, se ha aumentado su objetivo de instalación, cifrándolo en más de 320 GW en 2025 y 600 GW en 2030, y se ha apoyado con incentivos económicos y la regulación oportuna para fomentar su establecimiento, como la obligación de instalar sistemas solares en los tejados de determinados edificios. Al ritmo actual, se estima que las previsiones se superarán notablemente y la capacidad fotovoltaica en 2030 superará los 900 GW. 
En el caso de España, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en 2023 ya se han alcanzado los 32.488 MW de capacidad fotovoltaica, instalándose un 26,5% más de potencia que la generada en 2022. Su contribución al mix energético español ha ido progresivamente en aumento desde un 6,9% en 2020 al 13,6% en 2023, representando un 27,8 % del conjunto de las energías renovables de nuestro país.
Si bien, aunque prácticamente toda la potencia fotovoltaica para autoconsumo, alrededor del 25%, está instalada sobre cubiertas de edificios y terrenos urbanos, el resto está instalada en más de 30.000 hectáreas de tierras agrícolas que han dejado de cultivarse y de producir alimentos. La razón principal de esta progresiva ocupación del medio agrario puede que esté en la rentabilidad de la producción de energía solar frente a la obtención de productos agrícolas. 
De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los ingresos medios anuales por hectárea de cultivo de secano rondan los 2.500 euros en el caso de los cereales, las leguminosas grano, el almendro o el viñedo; se aproximan a los 4.000 euros los frutales no cítricos, la alfalfa o el olivar y difícilmente superan los 6.000 los tubérculos, el aguacate o el olivar intensivo. Sin embargo, aun considerando la retribución más baja registrada del kw/h de electricidad fotovoltaica generada en superficie agrícola, los ingresos por hectárea, en más del 50% de las instalaciones estudiadas por la Universidad de Córdoba, se encuentran como mínimo entre los 18.000 y los 39.000 euros al año.