Europa arranca el motor de la nueva legislatura, y lo hace con guiños a los agricultores y ganaderos que hace meses hicieron rugir sus tractores por las carreteras del Viejo Continente, en protesta por la deriva que está tomando la PAC. 
Cierto es que todavía quedan meses de negociaciones, (posiblemente hasta diciembre), entre los jefes de Estado y de Gobierno para 'colocar' a sus peones o pelear por un puesto en el Colegio de Comisarios que al fin y al cabo es el gran poder ejecutivo, aunque la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, haya querido dejar clara la dirección que tendrán sus iniciativas en los próximos años. 
En la primera rueda de prensa tras las vacaciones de verano, ratificó el compromiso sellado durante las revueltas de revisar algunas de las ambiciones medioambientales que su vicepresidente, Franz Timmermans, incorporó en la actual reforma agraria, en vigor desde el año pasado.
Durante estos meses, un grupo de expertos ha trabajado en el diagnóstico de oportunidades y debilidades del campo europeo, en un contexto global muy competitivo y cambiante, con un país socio además, el Reino Unido, fuera del proyecto por el Brexit, y otros como Ucrania llamando a la puerta. 
Dichas conclusiones, predecibles en los conceptos básicos de las relaciones comerciales en la cadena alimentaria, advierten de que, en la próxima década, habrá una inevitable reestructuración en la práctica totalidad de los sectores. Unos por inviabilidad económica y empresarial, otros por la falta de relevo. En este sentido, la globalización irá reordenando los bloques de poder.
Y en esa revolución, los modelos intensivos estarán también en el punto de mira de la sociedad porque exigirá más eficiencia para minimizar su impacto en el medioambiente. En realidad es el consumidor el que va escribiendo esta hoja de ruta, así como el propio Cambio Climático, cada vez más evidente.
Pero von der Leyen ha dejado claro que la sostenibilidad agroalimentaria hay que incentivarla, y también pagarla, lo que representa una respuesta a la demanda que vienen haciendo las organizaciones agrarias y en especial, las cooperativas desde que entró en vigor la actual PAC. La duda que deja todavía en el aire es si eso significará más presupuesto para la próxima política agraria, o sencillamente una voluntad conciliadora con los productores a la hora de legislar. 
Porque esto fue lo que dijo: "tenemos que apoyar una agricultura que trabaje para la naturaleza, y con la naturaleza. Y sabemos que eso solo es posible mediante un sistema eficiente de recompensas e incentivos; los agricultores son los que viven de primera mano las consecuencias de las crisis climáticas, y hay que recompensar los servicios que prestan a una naturaleza sana, porque solo invertirán en prácticas sostenibles si pueden vivir de su tierra, y solo, si conseguimos los objetivos climáticos y medioambientales juntos, ellos podrán continuar con su trabajo. Hay que generar una prosperidad sostenible".
En la misma comparecencia también avanzó que habrá que dar más ayudas a las explotaciones familiares, las más vulnerables frente a los cambios que se avecinan, algo que ha aplaudido el consejero Julián Martínez Lizán.
El Parlamento Europeo, por su parte, estará atento a cada movimiento. Será revelador el examen y el marcaje que haga a los futuros comisarios y comisarias del ramo cuando sean propuestos.
De momento, también empieza fuerte el curso político. La primera sesión parlamentaria de la comisión de Agricultura ha dejado claro que el futuro del vino "está en juego", y que hay que reaccionar para que no sucumba a la crisis de consumo que arrastra en la última década. 
En este sentido, este miércoles se celebrará un foro de alto nivel para determinar si las soluciones pasan por reforzar las ayudas que se distribuyen, por flexibilizar su gestión para impulsar la reestructuración varietal, las inversiones y la promoción, o sin embargo, por financiar otro arranque voluntario como el de 2009 que nos ha traído hasta aquí.