Los acontecimientos que se suceden últimamente me hacen reflexionar sobre la importancia del modelo político en el que debemos vivir. En las monarquías absolutas, el Rey era la máxima autoridad y quien dictaba las normas que regían su reino y a sus súbditos. Este sistema de gobierno concentraba todo el poder en una sola persona, quien actuaba como legislador, juez y ejecutor. La voluntad del monarca era la ley, y no había espacio para la participación del pueblo en las decisiones políticas.
Sin embargo, con la caída del Antiguo Régimen y la emergencia de la soberanía popular, se produjo una transformación fundamental en la concepción del poder. Se consigue que sea el pueblo, a través de sus representantes, quien tiene la facultad de legislar y establecer las normas que regulan los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Este cambio marcó el nacimiento del Estado de Derecho, en el cual todas las acciones del gobierno deben estar sujetas a las leyes previamente establecidas y aprobadas democráticamente.
El Estado de Derecho impone límites claros al poder del ejecutivo, asegurando que ningún gobernante pueda actuar de manera arbitraria o por encima de la ley. Los contrapoderes del sistema democrático, como el poder judicial independiente, los órganos legislativos y los mecanismos de control y supervisión, garantizan el equilibrio y la separación de poderes. De esta manera, se evita la concentración del poder en una sola figura o entidad, protegiendo los derechos y libertades de los ciudadanos.
Cuando no se respetan estas reglas de juego, se corre el riesgo de retroceder a un sistema de gobierno autoritario, donde el poder se ejerce de manera unilateral y sin restricciones. En la actualidad, tenemos ejemplos de dictaduras, de uno y otro signo, que se imponen sobre la soberanía popular, anulando los principios democráticos y el Estado de Derecho.
Por lo tanto, es crucial mantener y fortalecer los mecanismos democráticos y el respeto a la ley para asegurar que el poder se ejerza de manera justa y equitativa. La participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas son elementos esenciales para preservar la democracia y evitar cualquier forma de autoritarismo.
Quien ejerce el poder, puede caer en la tentación de hacer un uso abusivo del mismo por lo que es fundamental que se ponga coto a cualquier maniobra por la que intente limitar la acción de los contrapoderes del Estado de Derecho. Si no se hace así, podemos caer en una espiral de deterioro del sistema democrático. Y ejemplos tenemos, por desgracia, en los momentos actuales.