Por mi edad, recuerdo aquellos momentos en los que debías guardar silencio y no manifestar lo que pensabas sino querías que el simple hecho de hablar tuviera consecuencias. Luego llegó la Transición y en España se respiraba libertad. Hubo problemas de todo tipo, pero la mayoría de los españoles buscábamos superar los demonios del pasado y trabajar por una sociedad más libre y justa. Nos reuníamos y debatíamos entre nosotros desde posturas diferentes, pero sabiendo que era más lo que lográbamos desde el dialogo y el acuerdo que desde la confrontación y la negación del contrario. Ahora hemos perdido lo que tanto costó conseguir. Si se te ocurre opinar, corres el riesgo de que te encasillen, que te consideren de los unos o de los otros. No hay matices. Unos lo hacen todo bien y los otros lo hacen todo mal. Así que no puedes dar una opinión que haga que, como mínimo, te califiquen de 'equidistante'. Y no puedo mantenerme en silencio. Seria permitir que me quitaran mi libertad. Y, lo que es más grave todavía, me convertiría en cómplice de aquellos que están llevando a cabo el derribo de un sistema que, aunque imperfecto, ha permitido el periodo más prolongado de paz, libertad y progreso de los españoles en los últimos 200 años.
Soportar que se ceda a la presión de una minoría para cambiar un modelo que, insisto, ha funcionado, sin buscar los acuerdos mayoritarios que se sometan, con información y transparencia a todos los españoles, me parece que es hacer trampas en el juego.  Ceder a que las lenguas cooficiales se conviertan en lenguas oficiales en el Congreso, puede formar parte de una negociación en la que se asegure que también el castellano (única lengua oficial en toda España) salga de la limitación a la que se somete en algunas Comunidades. Asumir el coste de traductores y taquígrafos que esto va a suponer, debe explicarse a cargo de quién va a correr. No estamos hablando de escasa cuantía.
Estar en el camino de aprobar una hipotética Ley que amnistíe a los involucrados en los actos del 'procés', es para que nos dé vergüenza, ya que esto implica reconocer que el Estado condenó injustamente a unos delincuentes que se saltaron la Ley, que prevaricaron y que hicieron uso indebido de caudales públicos. Además, se abre la puerta para que pidan más, ya que esto les sale barato y sin más contrapartidas que su voto en una investidura. ¿Cuándo volverán a empezar? ¿Qué pedirán para aprobar los Presupuestos generales del Estado? ¿Para cuándo la exigencia de un referéndum de autodeterminación? Que barato sale negociar con este Gobierno la destrucción del Estado.