El Defensor del Pueblo subraya en su informe anual, presentado esta semana en el Congreso de los Diputados, que la Junta de Castilla- La Mancha y la Diputación de Toledo han suspendido los ingresos en la residencia por los recortes presupuestarios, y exige a ambas administraciones que expliquen las medidas que piensan adoptar para «hacer frente a la eventual lista de espera que puedan tener para obtener plaza en dicho centro».
«La existencia de plazas vacantes no responde a una falta de demanda del recurso, sino a la orden de suspensión de los ingresos por parte de ambas administraciones debido a los recortes presupuestarios, e incluso de las valoraciones de las solicitudes de ingreso, razón por la cual, aunque existe una ingente demanda, la lista de espera oficial no es significativa», afirma el Defensor.
Por su parte, la dirección del centro se quejó de las dificultades para su gestión tras la reducción en 2012 del 18% del presupuesto del centro con respecto al año 2011.
El Defensor del Pueblo realizó una visita de tres días a la Residencia Sociosanitaria ‘San José’ (Toledo), en el 2012, ejerciendo como máximo responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP)
Se trata de la primera visita realizada a un centro de estas características por el Defensor del Pueblo como MNP, si bien a lo largo de su historia esta Institución ha llevado a cabo múltiples visitas a centros de esta naturaleza. El MNP realiza visitas a centros de privación de libertad dirigidas a detectar problemas estructurales y procedimentales que permitan prevenir la práctica de torturas o malos tratos y evitar su eventual impunidad.
«Contra su voluntad». Por otra parte, algunos de los internos han denunciado en las entrevistas que mantuvieron con el Defensor que fueron ingresados en el centro «contra su voluntad», aludiendo al hecho de que ingresaron para descarga familiar, por situación social u otras causas.
Una residente manifestaba lo siguiente: «No consigo terminar de adaptarme. Yo sé que tengo que ser valiente y que tengo que pensar en mis hijos y asumir que tiene que ser así. Ellos trabajan y no pueden hacerse cargo de mí, pero no consigo resignarme y adaptarme».
En este sentido, en el informe de conclusiones se subraya que, con carácter general, ni la Diputación de Toledo ni la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha requieren autorización judicial expresa para el ingreso en el centro de las personas que no disponen de capacidad para dar su libre consentimiento, tanto si están incapacitadas judicialmente como si no, y se trate de personas mayores o de personas con discapacidad.
Por ello, el Defensor ha recordado a ambas administraciones que en esos casos debería exigirse la autorización judicial para internamiento no voluntario y ha informado a la Fiscalía General del Estado que no se tiene constancia de que en estos casos se informe a la Fiscalía para que examine no sólo el informe que elabore el centro sino también el que realice el médico forense o un facultativo designado por el juez, distinto e independiente del centro, además de tomar audiencia a la persona a quien afecta la medida.
Además, se ha comprobado que en los informes médicos que el centro remite semestralmente al juez en relación con la necesidad de mantener la medida de internamiento, cuando ésta fue autorizada judicialmente, son en muchos casos copias idénticas a lo largo de los años, en las cuales sólo cambia la fecha cada seis meses, lo que también se ha trasladado a la Fiscalía General del Estado.
«Para el pleno respeto de las garantías de las personas ingresadas, los informes médicos periódicos que se realizan por parte de los centros deberían ser exhaustivos y estar actualizados», afirma del Defensor.