El Defensor del Pueblo denuncia también en su informe que los internos no son revaluados periódicamente desde un punto de vista psicológico o psiquiátrico, manteniendo diagnósticos y tratamientos inalterados.

«Resulta indispensable subsanar estas importantes carencias, reforzando el servicio de psicología y contando con un psiquiatra que revise los expedientes y actualice diagnósticos y tratamientos de los pacientes psiquiátricos, al menos dos veces al año», se afirma en el informe, donde también se considera «insuficiente» el número de personal y la terapia ocupacional que ofrece el centro.

Por ello, exige que se cumplan «los ratios mínimas de personal» para los  servicios de psicología y psiquiatría.

«En consecuencia-continúa- no hay terapias psicológicas para los pacientes, no existen protocolos de manejo psicológico de pacientes con trastornos de conducta, y no se realizan diagnósticos neuropsicológicos ni se formulan programas de rehabilitación cognitiva/neuropsicológica».

El Defensor del Pueblo también pide que se evite la práctica habitual de que residentes que no están incapacitados vean sujetas determinadas decisiones al acuerdo que llegue el centro con sus familiares, pactándose entre otras cuestiones la gestión del dinero de bolsillo, las salidas y las actividades que los residentes pueden realiza.

«Esto podría vulnerar la libertad personal de ciudadanos que ya de por sí tienen vidas limitadas y en las que estos detalles cobran especial importancia», se advierte, para reprochar a continuación el método que sigue a la hora de clasificar a los residentes.

En la Residencia ‘San José’ a clasificación de los residentes en los diferentes pabellones se realiza con «carácter previo» al ingreso, en función de los informes emitidos por los médicos de atención primaria que, según se subraya en el informe, «en ocasiones realizan valoraciones excesivamente elevadas en términos de discapacidad», de modo que llegan a pabellones preasignados que «pueden no corresponder a sus necesidades reales».  

Para evitarlo, se recomienda que «la adscripción a pabellones se decida en atención a la funcionalidad y posibilidades de rehabilitación de los pacientes, con programas que, más allá del mero ocio, incidieran en rehabilitación cognitiva y en enfrentar la marcada institucionalización de los internos», afirma el Defensor.