España votará a favor de reconocer a Palestina como un estado miembro de Naciones Unidas en la Asamblea General del viernes 10 de mayo como continuación de los pronunciamientos previos realizados en ese organismo, y ese voto irá seguido del reconocimiento por parte de nuestro país como Estado soberano, probablemente el próximo 21 de mayo, junto a otros países menores de la Unión Europea con los que el presidente del Gobierno ha contactado en las últimas semanas para proceder a ese reconocimiento que ya han hecho otros nueve países de la UE.
Reconocer al Estado palestino no es apoyar al movimiento terrorista Hamás, autor de los asesinatos del pasado 7 de octubre, ni tampoco situarse del lado de los antisionistas, como quiere hacer ver Israel y quienes consideran que se debe mantener el statu quo, a pesar de que Israel ha desarrollado una reacción desproporcionada a aquellos atentados, sino realizar un gesto político que tiene como finalidad apoyar la solución de los dos Estados que deben convivir en paz y seguridad en Oriente Próximo. Como todo gesto político se quedará en eso porque las intenciones de Israel no van en esa dirección y está decidido a acabar don Hamás a cualquier precio, invasión de Rafah incluida, a la que se opone el presidente de Estados Unidos, que está dispuesto a cortar el suministro de armas y municiones a Jerusalén si invade esa ciudad. Y a Joe Biden no se le puede calificar ni amigo de los terroristas ni antisionista.
La decisión está tomada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció que el reconocimiento de Palestina se produciría antes del verano como una decisión autónoma -que no gusta a Estados Unidos- y al margen de lo que decidan otros grandes países europeos, a los que aludió el PP para ponerse de perfil ante la inminencia del acuerdo del Consejo de Ministros.
Para unos el Gobierno va muy deprisa y para otros con excesiva lentitud, como le recuerdan sus propios socios del Ejecutivo de coalición, Sumar, que además ha emprendido una serie de actuaciones unilaterales como el anuncio de un viaje a Cisjordania de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pese al disgusto de Exteriores, o la carta remitida a las empresas que comercian con Israel por parte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para que evalúen si sus transacciones contribuyen a vulnerar los derechos humanos en la Franja de Gaza. Ni Exteriores ni Economía tenían conocimiento de esa iniciativa de Sumar, que busca recuperar espacio político frente al PSOE, pero que, en definitiva, demuestra que la política exterior, por unos y por otros, ha dejado de ser hace tiempo una política de Estado desarrollada con un cierto consenso.
El seguimiento por parte de los universitarios españoles de las acampadas surgidas en otros países, sobre todo en los campus de Estados Unidos, para protestar por lo que consideran un genocidio de Israel sobre la población civil gazatí, que ha sufrido casi 35.000 muertos, es por el momento minoritario a pesar de haberse extendido por las universidades de distintas comunidades autónomas, y también son distintas las reacciones por parte de los dirigentes políticos, desde la desmesura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso que habla de que hacen el "caldo gordo" a Hamás a la de su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno, que las enmarca en una manifestación del derecho a la libertad de expresión.