El gobierno ha dejado claro desde el primer día que esta legislatura, la de la amnistía, va a ser la legislatura de la vivienda. Loable decisión política de la coalición que podría ser incluso profiláctica si lograra centrarse como tema nuclear del debate político, en la búsqueda de consensos entre los distintos partidos y para evitar que Puigdemont y ETA sigan polarizando el discurso de la vida pública. Lamentablemente, los independentistas catalanes y los herederos del brazo político etarra sostienen al gobierno, y no hay manera de que los españoles que lo necesitan accedan a una vivienda en condiciones mínimamente asumibles. Sin novedad en el frente. De forma periódica se anuncian planes revolucionarios y mágicos para conseguir que se resuelva el problema de los elevadísimos precios que convierten a la vivienda en un lujo inasumible para la mayor parte de las familias que no disponen de una en propiedad. Y es ahí donde aparecen la demagogia y el populismo a raudales, la recetas liberticidas y las tentaciones de erosionar la propiedad privada de los ciudadanos de nuestro país.

La vivienda es un derecho, se dice insistentemente. Y así es mencionada en la Constitución, artículo 47: los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, aunque a continuación el mismo artículo señala que son los poderes públicos los que están obligados a promover las condiciones necesarias para que se cumpla. Es aquí donde se vuelve más complicado este difuso derecho, que es como la justicia social que dictan los políticos y no los jueces: ¿quién establece qué ciudadanos tienen prioridad para ser beneficiarios del derecho a la vivienda? ¿Beneficiará por igual a todos, independientemente de la renta de que dispongan?. ¿Cuál es el tamaño, la ubicación, el coste o las prestaciones de la vivienda tipo que deben recibir los ciudadanos españoles por el mero hecho de nacer, si es ese el caso? ¿La tendrá en iguales condiciones el hijo de un obrero y el hijo de un multimillonario?. ¿Tendrá el mismo derecho quien ha ahorrado esforzándose para lograr la meta de un piso en propiedad que quien haya despilfarrado lo ganado durante toda una vida? Siendo muy difícil de aplicar como derecho, lo que hay que hacer es garantizarla como bien escaso, imprescindible... y libre. Del intervencionismo sobre el mercado inmobiliario ya tenemos noticias desde que se decidió perseguir a los propietarios que ponen sus ahorros convertidos en propiedades a disposición del mercado: la oferta se ha desplomado y los precios están por las nubes.

Un derecho no se garantiza sólo aireando todos los días su existencia, sino realizando acciones concretas que lo garanticen realmente. Lo que ocurre con este derecho es que se revela tan utópico como otros muchos, incluido alguno de los que incluye la Declaración Universal aprobada en 1945. Y de momento, este derecho que todos podemos llegar a apoyar por su "justicia", se le tuerce al gobierno español.