El cambio de tendencia en el gusto de los consumidores hacia vinos blancos, más aromáticos, frescos, de menor graduación o incluso descarbonatados, devuelve a las bodegas, a las cooperativas y a los productores de todo el país, aunque especialmente de Castilla -La Mancha, a un viejo debate: ¿Qué hacer con las viñas reestructuradas en los últimos veinte años si ahora se demanda menos tinto? ¿Qué plantar de aquí en adelante? Y si hay que controlar los rendimientos por hectárea como se previó en nuestra región, cuando se sabe que todo el blanco que hubiera hoy en los depósitos, estaría prácticamente vendido, y a buen precio.
En la feria del granel de Amsterdam (WBWE) celebrada esta semana, un operador chileno que distribuye en Canadá confesó a representantes del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) de la región que no encontraba partidas para atender sus pedidos. Un dato relevante, más que anecdótico, si analizamos el ritmo de salidas y existencias que van quedando mientras los vinos jóvenes del año llegan a la embotelladora para su primer degüelle navideño.
Lamentablemente no es la primera vez que el mercado fuerza un giro y obliga a redefinir las estrategias que afectan al potencial y a la plantación del viñedo de Europa, y especialmente en nuestra tierra, donde los viticultores, al principio, sin mucha orientación ni asesoramiento, se embarcaron en la costosa tarea de arrancar el vaso o subirlo a espaldera, según iban escaseando las cuadrillas cada vendimia para mecanizar así las recolecciones. 
En aquellas primeras convocatorias de ayudas para la reestructuración o reconversión del viñedo hubo una clara apuesta por las variedades tintas, por las llamadas 'mejorantes', foráneas, francesas como la 'Cabernet Sauvignon' o el preciado 'Syrah' que tantas complicaciones ha dado después en algunas comarcas por su difícil amarre.    
Todo aquel movimiento de modernidad, propició pocos años después un desarrollo enológico sin precedentes y un gran salto hacia los vinos de calidad; el granel ya no sería la única opción, aunque represente un modelo de negocio principal que también ha mejorado sustancialmente su oferta.
Cuando el tinto tiraba. Y al calor de las primeras plantaciones emergieron incluso nuevas denominaciones de origen, incluso Pagos, que valorizaron los tintos criados en los singulares terroir de guijarros de la ribera del Júcar, por ejemplo; otras ganaron singularidad por sus bobales o garnachas que pasaron de concebirse como 'peleonas', a ser prestigiadas por un consumidor que empezó a poner en el mapa la Manchuela, Almansa, Méntrida, Mondéjar o Jumilla con su monastrel… Ni que decir tiene que los tempranillos o el cencibel de La Mancha o Valdepeñas, también mejoraron sus posiciones gracias a la internacionalización y a la exportación.
En los años excedentarios de cosechas abundantes como aquel inolvidable 2013 el vino blanco quedó estigmatizado por responsabilizársele de la sobreproducción, y en este sentido, se reavivó la quema como única destino en tales circunstancias, sacando incluso después a la variedad airén, la autóctona y mayoritaria en nuestra tierra, de las convocatorias de reestructuración para potenciar el tinto. Ahora, el consumidor mete otro revés a la estrategia.
Así pues, con todo lo vivido, cuando hablamos de crisis en los tintos, habría que ser muy cauto para no demonizarlos, y sí contextualizar todo en un escenario de caída mundial del consumo que se habría cebado especialmente con algunas de estas variedades. Son muchas las bodegas de la región que -sin embargo- han logrado mantenerse en esta cimbreante alambre por haber logrado hacer marca.
Es por ello que las soluciones no deberían condicionar la decisión de qué plantar a futuro; cada cual sabrá qué quiere vender y dónde vender. De hecho, algunas organizaciones agrarias proponen paralizar temporalmente el reparto de nuevas autorizaciones que hace anualmente el Ministerio de Agricultura. Asaja, Upa y Coag abogan también por diseñar un plan de arranque subvencionado que otros países como Francia han activado con 120 millones de euros de fondos nacionales. Italia se lo piensa.
La OIVE retoma la norma. El debate está muy abierto y tiene muchas aristas, aunque también gira en torno a la propuesta de 'norma de comercialización' que la Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha relanzado dentro de una hoja de ruta más amplia, lo que ha desatado ciertas tensiones, a la vista de las reacciones de un segmento de la parte productora. Tanto es así que los representantes castellonamanchegos solicitaron una reunión a la consejería de Agricultura para involucrarla en una discusión que, en algún momento, acabará también en la mesa de la conferencia sectorial del ministerio y las comunidades autónomas.
Dicha propuesta, presentada por la consultora KPMG, autora también de la 'Estrategia del sector vitivinícola español 2022-2027' que encargó la OIVE, refresca una vieja fórmula de regulación de grandes cosechas en años complejos que en su momento planteó la agrupación de cooperativas agroalimentarias de Castilla -La Mancha y que elevó a la interprofesional para su estudio a nivel nacional ante las complicaciones que se avecinaban el año de la pandemia. 
Aquel confinamiento mundial y el cierre del canal HORECA exigían una respuesta de todos, y un compromiso para almacenar volúmenes antes de tener que encender de nuevo las destilerías. En ella se hablaba ya de limitar los rendimientos por hectárea para que nunca superasen los 18.000 kilos por hectárea en uvas tintas, y los 20.000 en las blancas; en su defecto, tendrían que ir obligatoriamente a mosto, a vinagre o alcohol de uso de boca, u otros fines industriales o energéticos. 
En este sentido, y para afrontar las vendimias venideras con un instrumento de autocontrol, se revisaron los reglamentos europeos para justificar que se pudieran colegiar decisiones como un hipotético almacenamiento temporal o inmovilización de partidas. Se propuso para la campaña 21/22 y para aquellas «en las que el mercado así lo exija, y en las que la suma de las existencias de vino y mosto declaradas a 31 de julio, y la declaración de producción a 30 de noviembre de ese mismo año en España, fuera superior a los 75 millones de hectolitros»; así rezaba la medida. No prosperó ni gustó en muchos territorios.
Sin embargo, la fórmula vuelve a estar sobre la mesa aunque no precisamente por el contexto de sobreproducción, sino por uno bien distinto: la preocupante caída de los consumos. Este documento interno, en fase muy incipiente de borrador, refleja que Castilla La Mancha sería la región que más volumen tendría que almacenar en una coyuntura crítica, hasta un 66 por ciento, según la simulación realizada sobre un total de 4,4 millones de hectolitros, y en base a un concepto que en su momento acuñaron las propias cooperativas en su propuesta: el de rendimiento teórico de referencia (RTR).
Cambio de argumentos. Pero las cosas han cambiado tanto como muchos de los argumentos de entonces. Hoy por hoy, con el tirón de los blancos, cooperativas de Castilla –La Mancha no vería necesaria la norma de comercialización, al menos con las «cláusulas que se han añadido» porque condicionaría el modelo productivo de la región con un nuevo índice de rendimientos, y sobre todo, por posibles limitaciones en la elaboración de mosto fermentado a partir de las declaraciones de producción, apuntan fuentes de las empresas del viticultor. 
La UPA de nuestra región se muestra igualmente reacia hacia la fórmula porque aunque «plantea penalizaciones a parcelas con sobreproducción», algo en lo que están conformes, creen que también lo haría sobre el agricultor «por decisiones que no están bajo su control como el destino final de sus uvas». En un comunicado, aseguran que «si los consejos reguladores hicieran un control eficaz y radical de rendimientos de las parcelas acogidas a las denominaciones de origen, frenaríamos el potencial productivo de la región». Coag por su parte, sí cree necesario lanzar un mensaje nítido al mercado de autocontrol y de disponibilidad invariable de vinos, vengan los años como vengan. Aseguran que solo así se reconocerán las calidades y se evitarán dientes de sierra en los precios.
El próximo 12 de diciembre, el debate podría retomarse en la junta directiva de la interprofesional del vino de España. La discusión es difícil y tanto el Ministerio de Agricultura como la Conferencia Española de Consejos Reguladores vitivinícolas (CECRV) han remitido sus primeras consideraciones. La patronal bodeguera se muestra prudente aunque aboga por contar con alguna herramienta que permita reaccionar en situaciones de hundimiento de mercado, «de lo contrario, se activará automáticamente una destilación obligatoria prevista en Real Decreto de 2014», apuntan fuentes de la FEV. Entretanto, comunidades como La Rioja, Extremadura, Valencia o Murcia hacen seguimiento. 
No está nada claro que la propuesta prospere, y todos asumen que no sería descartable que vuelva al cajón.