Los sistemas parlamentarios se caracterizan porque el Gobierno tiene un origen parlamentario, responde siempre ante el poder legislativo, y puede ser derribado por este. Es verdad que desde que se ha ido implantando eso que llamamos «parlamentarismo racionalizado», esa posibilidad de derribar al Gobierno solo se puede producir, en términos institucionales, mediante las vías constitucionalmente establecidas, como la moción de censura y la cuestión de confianza, así que la pérdida de una o varias votaciones parlamentarias por parte del Gobierno no implican su cese. Pero un Ejecutivo que reiteradamente no logra sacar adelante sus propuestas es siempre una situación indeseable, genera una inestabilidad que no debe prolongarse demasiado, y la mayor parte de las ocasiones, más pronto que tarde conduce a la finalización del propio Gobierno por otras vías (dimisión o, en muchos casos, disolución anticipada del Parlamento y nueva convocatoria electoral).
No parece haber duda de que estamos viviendo uno de esos períodos de inestabilidad e incierto futuro. La exigua mayoría que permitió la investidura del presidente cada vez está más quebrada, el Gobierno tan solo ha logrado aprobar una ley en sentido estricto (la ley de amnistía, que lleva camino de ser la ley más impugnada de toda la democracia), ya ha dejado de ser excepcional la pérdida de votaciones de todo tipo por parte del ejecutivo, dado que no pocos grupos de aquella mayoría de la investidura le retiran su apoyo, e incluso un diputado del mismo grupo principal del Gobierno ha pasado al Grupo Mixto y vota «por libre». Es la primera vez desde la aprobación de la Constitución que el grupo con mayor presencia en el Congreso no es el que forma Gobierno, y la debilidad del ejecutivo es seguramente la mayor que se recuerda desde el último período de la UCD, en el que este partido fue perdiendo progresivamente su mayoría hasta que la situación se hizo insostenible. Es verdad que tuvimos un caso de Gobierno derribado por una moción de censura (el último de Rajoy), pero incluso ese Gobierno, apenas una semana antes había visto aprobados sus presupuestos en el Congreso, lo que no parece muy probable en este momento. La resolución recién aprobada en contra de la postura del Gobierno sobre el reconocimiento al legítimo vencedor en las elecciones presidenciales en Venezuela, sin ser vinculante, es emblemática. Se vislumbra una legislatura sin mucho más recorrido, y llegados a este punto el mal menor sería algunas de las salidas constitucionales antes apuntadas, siempre preferibles a la inestabilidad permanente. En ningún caso parece posible lo que ha anunciado el presidente de «gobernar con o sin el Parlamento».