Está bien que se recurra a la generosidad española para afrontar la escasez de agua en el territorio catalán, pero no olvidemos que las medidas restrictivas de ahora quizá no habrían sido necesarias si la Generalitat hubiera invertido más en infraestructuras, en lugar de priorizar su sueño independentista. Si en lugar de abrir nuevas embajadas hubiera abierto nuevos canales por los que conducir el agua a los domicilios.
Recurrir a la solidaridad de España – como dicen ellos – está muy bien. Nada que objetar al eslogan de «salvemos Cataluña». Los castellanomanchegos – y especialmente los alcarreños – estamos muy acostumbrados a ceder parte de nuestro caudal hidrológico a otras comunidades, pero tampoco nos gusta que nos tomen el pelo. Los problemas de abastecimiento en Cataluña vienen de lejos. La sequía del verano de 2008 fue un aviso, pero nadie se preguntó entonces cómo prevenir situaciones parecidas.
A nadie se le pasó por la cabeza, en los últimos 25 años, activar proyectos de mejora en las redes de agua, ni construir las desalinizadoras que habían anunciado Montilla, Carod-Rovira y compañía. Sus sucesores – Artur Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès – han estado en otra cosa. En las cuestiones identitarias, en sus utopías y en los sueños imposibles. 
Ahora, miran al cielo implorando la lluvia y le agradecen a España – la que supuestamente les roba – la generosidad y la solidaridad que tanto necesitan. El presidente valenciano ya les ha dicho que cuenten con el agua sobrante del Levante, pero que esa petición quede reflejada por escrito. Ha llegado el momento de demostrarles a catalanes y vascos que la solidaridad interterritorial no es ninguna tontería.
También ha llegado el momento de subrayar la desidia de unos dirigentes políticos que olvidan con demasiada frecuencia el interés general. La emergencia de Cataluña podría haberse evitado. De nada sirve ahora lamentar que la red de agua del Ebro, que abastece del líquido elemento a Tarragona, no se hubiera extendido hasta Barcelona o del retraso en la construcción de la desaladora de Tordera.
En las actuales circunstancias, con un Gobierno de España que depende de quienes quieren dejar de ser españoles, es difícil poner sobre la mesa la necesidad imperiosa de un pacto nacional sobre el agua. A ver quién apuesta, con la que está cayendo, por un nuevo Plan Hidrológico Nacional. 
Hablar de trasvases es hablar de enfrentamientos entre distintas comunidades autónomas y cuencas hidrológicas. Y los políticos de Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana lo saben mejor que nadie. Manifestarse a favor o en contra de según qué proyectos te puede costar unas elecciones.
Por lo tanto, seguiremos mirando al cielo, como vienen haciendo en Cataluña sus actuales dirigentes políticos.
A muchos de ellos, al menos, la amnistía ya les ha caído del cielo.