Algo muy preocupante está pasando en Europa cuando una movilización de agricultores contra los recortes de las ayudas al gasóleo en su país, en Alemania, consigue contagiar y mimetizar a los productores de otros estados del viejo continente.
Desde la crisis de los chalecos amarillos en Francia, desde la movilización de los "agricultores al límite" en España, justo antes de declararse la pandemia, no habíamos visto una reacción similar, descontada alguna concentración más por el mundo rural.
Esta vez, de una forma casi silenciosa, la marea de protestas se ha ido extendiendo desde Bélgica hasta Holanda, desde Polonia a Rumania hasta movilizar a los agricultores franceses que, estarán conmigo, eso son siempre palabras mayores.
Y así lo hemos visto en el final de una semana donde la tensión se propagó por más de mil kilómetros de autopistas y carreteras cortadas, justo las que conectan España con Europa. Barricadas que encendieron la chispa y caldearon otra vez el ambiente, camuflándose algunos vándalos en el derecho de movilización o protesta, aunque boicoteando el otro gran principio sagrado del libre tránsito de mercancías en la Unión que construimos cada día entre todos.
Los ataques a camiones de frutas, hortalizas, o de nuevo a las cisternas de vino de nuestra tierra, son justamente lo que los propios convocantes deberían evitar a toda costa si quieren que su mensaje sea creíble. Aquí, la imagen no vale más que las palabras. Porque de lo contrario, están legitimando la violencia como forma de resolver las cosas, y sabemos que por esa vía no se gana ni el discurso ni el relato.
Y ese relato converge en un planteamiento nítido que cualquier ciudadano puede entender. La desprotección que sienten de las instituciones comunitarias que cada vez exigen más y duros sacrificios, sin ninguna reciprocidad hacia lo que llega de fuera, como denuncia el conjunto de las organizaciones agrarias. Y así han empezado a reconocerlo ya algunos ministerios, y hasta el propio Parlamento Europeo que en mayo quedará disuelto para consultar de nuevo a la ciudadanía en un proceso electoral.
A propósito de estas revueltas, la declaración solemne de Úrsula von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el debate sobre el futuro de la agricultura sonó claramente a acto de contrición. No era la primera vez que pedía a sus señorías mayor comprensión para el sector agrario movilizado, aunque esta vez, rogó abrir un diálogo frente a la "afilada polarización" que ha alimentado, según dijo, estas últimas protestas. Y no ocultó que esa desazón hunde sus raíces en "el creciente descontento con las políticas verdes".
Luis Planas, en el primer Consejo del año, asumió que esta preocupación debería haber pesado más en las negociaciones para reformar la PAC, porque es ahí donde a través del Pacto Verde ideado por el entonces todopoderoso Timmermans, el conjunto de las organizaciones y las cooperativas creen que se ha dado una vuelta de tuerca al sistema, sin buscar consensos que ahora podría precipitar el abandono masivo de explotaciones si revienta la tubería. Y por la corriente de esas aguas revueltas, de los mares de lágrimas y de rabia, en un año electoral como este, navegan ya muchos y expertos pescadores.