Fuimos felices quienes asistimos al acto organizado por la Delegación del Gobierno de Castilla-la Mancha para escuchar a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y al Fiscal General del Estado, Álvaro García, hablar sobre la Constitución de 1978. La proeza que los españoles organizaron hace 46 años para enterrar los errores históricos del siglo XIX, para superar épocas de atrasos y miserias, para sobreponerse a las heridas y tragedias de una guerra civil cercana y los efectos perversos de una dictadura aún más cercana. La Constitución española se construyó como una arquitectura institucional que incorpora una síntesis de nuestra historia más los elementos depurados de otras constituciones europeas como la austriaca, la alemana, la francesa o la italiana. Con esos mimbres se forjó la actual Constitución en la que brillan los valores de la igualdad y la libertad, los derechos individuales y colectivos, la organización descentralizada del Estado, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y la convivencia basada en la diversidad y la pluralidad. Tras los años del Estado centralizado e ineficaz de la dictadura, surgía un Estado con la mayor autonomía territorial de cualquier época. Un fenómeno que en otros países se llama Estado Federal, pero que aquí aún no lo es porque no se ha desarrollado. Estuvimos atentos escuchando a ambos intervinientes en exposiciones vibrantes, alejadas de personalismos localistas, de plúmbeos protocolos envarados, de presencias forzadas. Nos sentimos orgullosos porque hablaron de la magia transformadora de un edificio jurídico levantado por los españoles en los momentos, siempre difíciles, del tránsito de una dictadura a una democracia.
Una institución que se coló en la Constitución, con reticencias y prevenciones, fue el Senado. No se veía que solo fuera una Cámara de segunda lectura de leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados. Entonces se le atribuyó un contenido mayor: ser Cámara de representación territorial. Un lugar de encuentro y debate para canalizar los conflictos que surgieran en los nuevos territorios autónomos y articular los desarrollos de una institución viva. Así la Cámara se dotaba de unos mecanismos institucionales que justificaban su existencia. Es verdad, y criticable, que el proyecto no se haya desarrollado en anteriores legislaturas y cuando podía existir esta posibilidad, al parecer, se va a desperdiciar. La mayoría absoluta del PP en el Senado era la oportunidad para desarrollar y perfeccionar las relaciones interterritoriales. Pero la derecha española no tiene claro si es autonomista o centralista. Desconfía de las Comunidades y mira con cariño un Estado fuerte por su inclinación cada día más evidente hacia modelos autocráticos. Un Estado descentralizado como el de la Constitución se fundamenta en las responsabilidades de los dirigentes territoriales. Algo que no le gusta a la derecha, sobre todo si las cosas vienen mal dadas. Es el caso de la Valencia del desastre. Invocan al Estado-Banco para tapar las políticas neoliberales de la derecha de reducción de impuestos que podrían contribuir a la reconstrucción. Tal vez por esos miedos es por lo que están usando el Senado no como una representación del entramado constitucional, sino como un circo mediático que se utiliza como lugar de proclamas partidarias, comisiones de investigación trucadas o espacio para asociaciones que, siendo privadas, se posicionan contra los derechos de las minorías, la estigmatización de la homosexualidad, la condena del aborto o la eutanasia. En ese aquelarre de la ultraderecha internacional la aberración llegó a su cenit cuando el Sr. Mayor Oreja invocó a los científicos, así en abstracto, que se inclinan cada vez más hacia el creacionismo en detrimento del evolucionismo. Y al día siguiente, ya perdido el norte, convirtieron la Cámara en un plató en el que imitaron a Gabi, Fofo y Miliki, los payasos de aquel programa infantil de la tele.