España activa esta semana otra campaña electoral más para elegir a los nuevos diputados del Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. Y con ello va terminando prácticamente la actividad legislativa mientras rematan las votaciones de iniciativas que habían llegado al registro y que en las últimas sesiones han salido adelante por el procedimiento ordinario o incluso de urgencia.
Es el caso, por ejemplo, de los dos reglamentos que incorporan los cambios en la PAC para flexibilizar controles y rebajar la burocracia, algo que está previsto para el último pleno del 23 y 24 de abril.
Quizás por el temor a nuevas tractoradas, a una desafección mayor en un momento clave donde hay que elegir, o porque las instituciones comunitarias han entendido el mensaje principal de que no se puede legislar de espaldas a los administrados, la conclusión es que se están lanzando señales nítidas de acercamiento. Lo que antes no se podía hacer, ahora se puede o es más fácil que se haga.
Y así lo hemos visto con las enmiendas incorporadas la semana pasada a la "Directiva Desayunos" donde se ha conseguido incorporar la obligación de marcar en el etiquetado de productos sensibles como la miel o los zumos de fruta, información sobre porcentajes de mezcla y el país de origen de esas mezclas. Un filtro -siempre rechazado por la Comisión- que ayudará a evitar la competencia desleal de mieles o sucedáneos que llegan a muy bajo precio de terceros países.
Asimismo, con la retirada del reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, primer gesto de empatía con las movilizaciones de los agricultores y ganaderos, ha quedado claro que reducir un 50 por ciento de sustancias para combatir plagas y enfermedades en un horizonte tan corto (2030), era un reto injustificado. Sobre todo, porque los propios datos de la Comisión ya acreditaban que el sector ha acometido una rebaja del 33 por ciento de químicos haciendo sencillamente un uso eficiente de los mismos. 
 En este sentido, las instituciones deben hacer más pedagogía y apoyar sus decisiones en evidencias científicas y no políticas.
Pasa también ahora con la normativa de transporte de animales vivos por carretera, otro de los proyectos que sigue en la mesa y que teóricamente retomará la nueva Comisión tras las elecciones. Por si acaso, un total de 14 asociaciones ganaderas veterinarias han recordado estos días lo que vienen diciendo desde hace tiempo: que algunos planteamientos agrandan la brecha entre los países del norte y del sur, y que reducir tiempos o incorporar criterios de temperaturas en una norma que ya es muy exigente y segura, hacen inviable la producción y el abastecimiento. 
Así las cosas, con la sordera demostrada se ensancha la distancia y el aislamiento, dos sensaciones que otros están muy dispuestos a alimentar. Por ello, Comisión y Parlamento deben amplificar los espacios de participación de las organizaciones profesionales agrarias que ya vienen advirtiendo desde órganos como el COPA-COGECA que el camino elegido tantas veces, solo conduce al precipicio.