Desde la perspectiva del Estado de derecho, la repugnancia que produce la ley de amnistía es directamente equiparable a la aversión que produjo la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados. Un golpe de Estado en toda regla que, cambiando la tradicional imagen golpista, parda y verde de antaño, ha adoptado ahora el camuflaje del buenismo, el populismo, el progresismo y la cultura de la cancelación, de tal manera que los ciudadanos siguen sus vidas como si realmente no estuviera pasando nada. De ahí la necesidad de este recordatorio.
No olviden que nuestra sociedad democrática ya no vive amenazada como antaño por el Martínez-Campos, el Francisco Franco o el Tejero de turno, sino por los golpistas nacionalistas e independentistas y sus actuales cómplices de la izquierda reaccionaria. Una caterva de bodoques burgueses, cuentistas y vividores, que cuestionan sistemáticamente la legitimidad de las instituciones e incumplen impunemente las leyes, bajo el pretexto de preservar la convivencia en conjunción con unos supuestos derechos y privilegios oligárquicos y medievales. Como dijo en su día Alfonso Guerra, "se está llevando a cabo una suerte de golpe de Estado a cámara lenta" con la complacencia de todos. 
Después del fracaso inapelable en la intentona golpista de 2017, el independentismo ha obtenido ahora su mayor victoria gracias a Sánchez, que los rehabilita y los legitima, condenando moralmente al Estado, que sí se defendió entonces, y humillando a los ciudadanos que se movilizaron en defensa de la Constitución. La ley de amnistía viene a ser la condena de la democracia española. No es una ley para la convivencia y la normalización, conforme a la falacia de su denominación oficial y su exposición de motivos, sino precisamente para romper las reglas fundamentales de la convivencia. Va en contra de la igualdad de todos los ciudadanos, de la división de poderes y del sometimiento del poder a los controles democráticos propios de un Estado de derecho. La ley viene a aplicarse exclusivamente en función de intereses políticos, consagrando una auténtica casta de ciudadanos privilegiados que se pueden permitir el lujo de delinquir. Se trata de una ley hecha por y para delincuentes contra la voluntad mayoritaria de los españoles, siete años después del fracaso en la intentona golpista de 2017. 
De momento, el Senado le va a pedir al Congreso de los Diputados la retirada de la ley de amnistía, lo que trae profundas consecuencias institucionales con la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional por considerar que implica una reforma encubierta de la Constitución. Situación insólita e inédita, que el Partido Popular haya votado a favor de la tramitación de la ley y el PSOE haya votado en contra porque se incluían los argumentos de los letrados de la Cámara que cuestionan la constitucionalidad de la medida.
Recordado queda. Y agendado para volver a recordarlo más adelante.