Cuando dos que deben entenderse no lo hacen, lo más habitual es que en ello tengan parte de culpa ambos. Cuando esos dos finalmente consiguen acordar algo, el mérito suele ser también compartido, en la medida en que ambos han sido capaces de ceder en parte en aras del éxito del objetivo común. Me parece que esto es perfectamente aplicable a los más de cinco años de desacuerdos entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también al acuerdo finalmente alcanzado esta semana. El retraso en la renovación era injustificable, y sus efectos nefastos, aunque no podemos dejar de apuntar que estos se agravaron de forma significativa por una reforma, innecesaria, injustificada e inútil de la LOPJ, que «maniató» en la práctica al CGPJ en lo relativo a nombramientos de las altas magistraturas, y que fue la que, sin resolver en absoluto el problema principal, creó otro mayor. Por otro lado, podría calificarse de impropio, exótico o casi vergonzosa la idea de acudir a la «mediación» de la Unión Europea para conseguir algo aparentemente tan sencillo como poner de acuerdo a los dos partidos mayoritarios (más propiamente deberíamos decir a los responsables de ambos en el Congreso y en el Senado, pero en realidad las cosas son como son); de todos modos, en este caso hay que reconocer que muy probablemente esa «presión europea» ha resultado cada vez más intensa y tiene probablemente parte significativa de «responsabilidad» en el hecho de que finalmente se haya llegado a ese acuerdo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se mire como se mire creo que hay que celebrar el acuerdo finalmente alcanzado, que permitirá retomar cierta estabilidad institucional, al menos por un período, y contribuirá a mitigar el grave problema de la justicia. Ante esta circunstancia, creo que tienen una importancia menor las críticas que puedan hacerse. Desde luego, sería mucho mejor que estos acuerdos se materialicen de otro modo, dando protagonismo a quienes realmente suscriben la propuesta. Y tal y como viene indicando la Unión Europea, sería mucho mejor también que al menos la mitad de los vocales del Consejo fueran elegidos por los propios jueces, para lo cual no solo no es necesaria la reforma constitucional, sino que se trataría solo de una reforma legal para retornar al verdadero espíritu constitucional. También podríamos entrar en la cualificación jurídica de los elegidos. Sea como fuere… todo esto es menor en este momento, que es el de la esperanza de un futuro mejor. Veremos en qué queda la propuesta de reforma que forma parte del propio acuerdo y fue la causa del desencuentro de tantos años, que algunos injustamente imputaban a uno solo de los dos partidos.