Los sindicatos UGTy STAS quieren que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCM), que obliga a la Junta de Comunidades a readmitir a los cerca de 500 interinos despedidos en el verano de 2012, tenga consecuencias políticas. Junto a la readmisión inmediata de los trabajadores, reclaman la dimisión -o cese- del consejero de Presidencia, Leandro Esteban, y de su director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente. Y ambos sindicatos miran a la vecina Comunidad de Madrid como ejemplo, pues ayer mismo se conocía la dimisión de su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, por la paralización de su proyecto de privatización de más de media docena de hospitales públicos.
Asimismo, ambos sindicatos (promotores del recurso que ha provocado esta sentencia) piden al Gobierno que actúe con «responsabilidad» y dé marcha atrás a su programa de «desmantelamiento de lo público». Una responsabilidad que, según apuntan, tiene que materializarse en la readmisión inmediata de todos los trabajadores afectados. Por eso, reclaman que la Junta no incluya la suspensión cautelar de esta sentencia del TSJ en su más que probable recurso al Tribunal Supremo.
A la espera de ver qué pasa (la Junta tiene diez días para presentar su recurso de casación al alto tribunal), los sindicatos ya avisan de que si el Gobierno paraliza las readmisiones. «Nos volveremos a ver en las calle», dicen, en alusión a las protestas vividas en el verano de 2012 cuando se dieron a conocer estos casi 500 despidos.
Además, tanto UGTcomo STAS insisten en que un recurso del Ejecutivo tendría poco recorrido en Madrid, ya que la sentencia del TSJ regional «deja pocos flecos pendientes» y se basa en jurisprudencia tanto del Supremo como del Constitucional.
En su opinión, el verdadero problema está en que la Junta ha vulnerado sistemáticamente el derecho constitucional a la negociación colectiva. Y es que, la reunión de aquel 20 de agosto de 2012, convocada «con solo tres días de antelación», fue la primera negociación a la que los sindicatos llegaban «con hora tope» y con el decreto previsto «ya en el Diario Oficial para publicarse a las 12 de noche». Las mesas de negociación son con este Gobierno «un mero trámite» para adelgazar la Administración, lamentan.
Coste de la sentencia. STAS, UGT,
En cuanto al coste económico de esta sentencia, los sindicatos calculan que rondará entre los 14 y los 15 millones de euros. Un dinero que los sindicatos ‘invitan’ a sacar del incremento «exponencial» en el número de asesores y de personal «puesto a dedo» en la Junta de Comunidades, que se llevan en torno a 22 millones de euros cada año, según sus propios cálculos.
Es más, teniendo en cuenta que la mayoría de los interinos despedidos en 2012 eran «de base», los representantes de los trabajadores advierten de que «con un asesor se podrían cubrir de dos a tres sueldos de interinos», teniendo en cuenta que los primeros «ganan entre 2.000 y 3.000 euros al mes».
Finalmente, tanto UGT como STAS piden al Gobierno ‘popular’ un cambio de rumbo en su manera de entender las relaciones laborales, ya que está suele terminar sin acuerdo y en los tribunales, como ha ocurrido en este caso. Así, han solicitado que el Gobierno retire el Plan de Recursos Humanos del Sescam y el que afecta a casi la mitad de la plantilla de conductores de los parque móviles de la región, entre otros ‘reajustes’ pendientes.