La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la federación FENADISMER encaran una semana complicada, si como anuncia el principal sindicato agrario francés, la FNSEA-JA, se complica el tránsito por carretera en los puntos fronterizos entre España y este país, por ejemplo, en el peaje de Le Boulou donde han anunciado una concentración para el martes.
Ya ha habido algunos conatos de cortes o controles y 'filtraje' de mercancías en algunas de esas zonas como buscando, otra vez, no sé qué pruebas de una supuesta competencia desleal. De ahí que el gremio de los transportistas hayan pedido ayuda al Gobierno para que garantice la libre circulación que es un derecho y un principio sagrado de la Unión Europea, tantas veces vulnerado precisamente con excusas imposibles.
Las protestas tienen aparentemente relación con los supuestos incumplimientos de los compromisos asumidos tras las tractoradas, a lo que seguramente se irán sumando otros relacionados con la Política Agraria Común (PAC) en manos ahora de un nuevo comisario luxemburgués, y de una nueva Comisión Europea que ya veremos esta misma semana si arranca o no, tras aplazarse la votación de la candidatura de Teresa Ribera por el bloqueo de los populares por la gestión de la DANA. 
Que peligre o no el próximo Colegio de Comisarios de Úrsula von der Leyen, es otro de los misterios de esta extraña, convulsa y polarizada nueva política que tan desconcertados tiene a los ciudadanos en contextos tan dolorosos como el actual.
Pero no hay que descuidar que las movilizaciones de los agricultores franceses tienen un trasfondo político por las inminentes elecciones a cámaras agrarias de enero (desde el 7 al 30), en las que está en juego la representatividad. 
El sindicato Coordinación Rural, identificado con la extrema derecha de Marine Le Pen (Reagrupación nacional) ha mejorado sus expectativas desde las movilizaciones de primavera disputando terreno a la todopoderosa FNSEA que tiene el 56,2 por ciento de los votos desde 2019 al concurrir entonces con los Jóvenes Agricultores (JA). Y coincide además con el inicio de la campaña de comercialización del vino nuevo del año, con una crisis de consumo que ha propiciado una caída de los tintos de hasta un 10 por ciento.
Por eso, la celebración el pasado martes en Madrid, en la misma sede del Ministerio de Agricultura (MAPA), del comité mixto del vino que integran España, Francia e Italia, se vuelve más oportuna que nunca por si pudiera haber aclarado las cosas y evitar que sucedan actos ilegales en la frontera como se vieron tantas veces. No en vano, el paso de cisternas por encargo de las plantas de embotellado francesas o de su propia distribución, o en todo caso, hacia Centroeuropa, siempre fue la mejor escenificación del sector agrario galo de que todos somos socios, hasta que les da la gana y se vuelven más proteccionistas y trumpistas con sus actos vandálicos.
Este grupo de trabajo se creó precisamente para evitar fricciones y buscar soluciones a problemas comunes a los tres grandes países productores antes de que nadie se tome por su cuenta la justicia volcando camiones o derramando el vino en las autopistas. Y por eso la reunión de estos días, programada desde julio tras la de Logroño, era más que interesante.
Primero, por la necesidad de lograr grandes consensos a la hora de solicitar a Bruselas un plan de promoción interna en el viejo continente donde también están cambiando los consumos y las preferencias hacia vinos blancos, rosados o de menor graduación. Pero también para reclamar más flexibilidad en el uso de los fondos que la propia PAC reserva a los estados productores para seguir potenciando la reestructuración del viñedo, las inversiones en bodegas, la eliminación de subproductos o la misma promoción fuera de Europa para la que se pide más flexibilidad administrativa.
Las cooperativas francesas dijeron que hay que empezar a hablar del vino en positivo y no siempre de crisis, un planteamiento sugerente para que destierren esas prácticas violentas que tan poco dice de quienes las protagonizan. Tendrán que hacer más pedagogía con sus compatriotas y más consensos antes de propiciar un plan de arranque subvencionado por el Estado, cosa que también estudia ya Italia, empujando a nuestro país a tener que abrir el diálogo mientras paga las nuevas reestructuraciones. 
Porque si el problema es que vuelve a sobrar vino, ¿no debería ser una política común la que regule cualquier intervención?