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Frente a lo que pudiera parecer, la aprobación del proyecto de la Comunidad de Madrid para construir el llamado Aeródromo del Suroeste, situándolo a escasos kilómetros del de Casarrubios, esta lejos de ser un ‘paseo militar’ para la región vecina. Aunque el ejecutivo madrileño mantiene su propósito, ya ha tenido que afrontar una resolución contraria a sus intereses de la Administración competente al final en este asunto, el Estado. Y la vigencia del dictamen ha sido confirmada por la Justicia.

Este medio ha tenido acceso a una sentencia emitida por la Audiencia Nacional hace casi un año, que hasta ahora ha pasado desapercibida pero da una idea de la dificultad real que afronta el proyecto madrileño para cumplir los requisitos técnicos requeridos. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso de este tribunal desestimaba un recurso de la Comunidad madrileña contra una resolución de la Secretaría de Transportes del Ministerio de Fomento,  que resultaba desfavorable a la petición de permiso para la futura instalación aeroportuaria en la que lleva trabajando Madrid desde 2007.

Alguien podría ver alguna intencionalidad política en el dictamen negativo estatal fijándose en su fecha, el 14 de marzo de 2011. O sea, con el Gobierno central aún en manos del PSOE frente a un ejecutivo madrileño regido por el PP. Pero obviaría que la resolución se tomó «asumiendo lo acordado por CIDEFO», una Comisión Interministerial formada por funcionarios de los ministerios de Defensa y Fomento.

De esta Comisión depende, entre otras cosas, si se reconoce o no una nueva instalación aeroportuaria como compatible con otras existentes en su entorno, como establece la Ley de Seguridad Aérea. Y el informe fue contrario, lo que llevó a Madrid a impugnar reconociendo este informe en su propio recurso como «determinante del procedimiento de autorización de la instalación aeronáutica pretendida». La región vecina se acogió a una cuestión formal para pedir a la Audiencia Nacional que anulara la resolución, que fue emitida más de seis meses después de que solicitara el visto bueno estatal al proyecto. La Ley de Seguridad Aérea establece que si no se responde a la petición del permiso para poner en marcha un aeródromo en el plazo de un semestre, se debe considerar aprobado por silencio administrativo positivo.

Pero en su fallo del siete de noviembre la Audiencia Nacional desestima este planteamiento. El tribunal se fija para ello en que la CIDEFO sí emitió su informe dentro del periodo previsto. «Otra cosa es que el secretario de Estado de Transportes ‘asuma’ el informe y lo notifique en fecha posterior. Pero el informe no se emite extramuros del plazo previsto», zanja la Audiencia.

Fuentes de la Consejería de Transportes madrileña han minimizado este desenlace como algo «puramente procesal». Consideran que esta resolución no supone ningún impedimento para el desarrollo del Aeródromo del Suroeste, ya que mantienen un procedimiento para obtener la compatibilidad aérea que continúa su tramitación y está pendiente de resolución. Aseguran que el plan iniciado este año para la construcción del aeródromo está cumpliendo su calendario, ya que tras sacar a información pública el Plan Director en julio y recibir las pertinentes alegaciones, actualmente se están analizando para ser contestadas.

Pero los gestores del aeródromo de Casarrubios, cuyo proyecto de ampliación colisiona con el nuevo aeródromo madrileño, no lo perciben así. El gerente del campo de aviación toledano, Ignacio Elduayen, ve en el fracaso de Madrid en este contencioso la confirmación de que el aeródromo del Suroeste no puede ser compatible sin más con el suyo y otras instalaciones del área, como la BaseAérea de Getafe.

Elduayen tacha el procedimiento que está siguiendo la región madrileña para aprobar este proyecto como «extraño», al apartarse de los trámites habituales para aprobar una instalación aérea de uso público. Pone como ejemplo su propio proyecto de ampliación, que tiene ya la compatibilidad aérea concedida aunque le quedan otras trámites. «Nosotros tenemos la compatibilidad porque ya estamos aquí, funcionando legalmente. El problema lo tiene un aeródromo nuevo que quiera instalarse ahora», explica.

El Álamo pide una compensación de seis millones si se construye el aeródromo.

Proyectos como el Aeródromo del Suroeste siempre son expuestos como una oportunidad de desarrollo económico para los municipios de su entorno. Por eso, llama la atención que el municipio madrileño que en muchas ocasiones ha dado nombre a la nueva instalación, El Álamo, haya reclamado una compensación de seis millones de euros si la infraestructura finalmente se concluye. Así se recoge en las alegaciones que el municipio ha presentado al proyecto, que fueron debatidas en un Pleno municipal el pasado mes de agosto.

El Álamo basa su reclamación en que, para que el PIB de la Comunidad de Madrid pueda crecer un 0,7 por ciento con   el nuevo aeródromo deberá soportar las molestias de su puesta en marcha. Y asegura que «en sus primeros años (serán) más importantes las afecciones que los beneficios» para el pueblo. Por ello, plantea que el inversor privado al que se le adjudique la construcción y gestión del aeródromo le abone un canon regresivo durante 15 años. El pago de este canon arrancaría en el primer año con 750.000 euros, para reducirse en 50.000 euros en cada año hasta quedar en la última anualidad en 50.000 euros.

 En sus alegaciones, el Consistorio de El Álamo llama la atención de que, pese  a estar su casco urbano más cerca del aeródromo,  las empresas que se creen en  el entorno se situarían en terrenos de la vecina Navalcarnero, que cuenta con terrenos ya recalificados. Esto supondría que Navalcarnero podría quedarse la mayor parte de ingresos, como el IBI y otros impuestos locales que generen estas actividades.

Por ello, el sentido de sus alegaciones se centra en que Madrid equilibre esta situación. Para ello, propone que también se clasifique suelo de uso empresarial en su término,  y lo más importante, se reclama al Gobierno madrileño que favorezca un convenio entre El Álamo y Navalcarnero para que  los ingresos generados por el aeródromo se dividan al 50 por ciento entre los dos ayuntamientos, «de manera independiente de dónde se sitúen» las  empresas y actividades del aeródromo.