La aprobación -en el último pleno del Congreso de los Diputados- de una proposición de ley de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para acometer otra reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, emerge después de las tractoradas como un guiño a los movilizados, o quizás como una oportunidad política para enmendar los aspectos legales que siguen generando dudas, disfunciones o discrepancias con algunos mecanismos de aplicación.Bien es cierto que el recorrido de la iniciativa es relativo porque dependerá más de la voluntad del Gobierno de querer recoger el testigo y reabrir el melón, cuando no hace tanto tiempo de la última, en diciembre de 2021, donde se aprobaron cambios profundos al incorporar una lista de prácticas desleales determinada por la UE, para garantizar la construcción del valor de abajo a arriba y no al revés, definiendo los costes efectivos, prohibiéndose la venta a pérdidas, las promociones engañosas, e instaurándose un registro de contratos cuya obligatoriedad entró en vigor en 2023.
Esas modificaciones -que ampliaron la revisión iniciada en los primeros meses del Covid- se justificaron como la versión más completa acometida tras casi una década de aplicación de la Ley que reguló para siempre las relaciones de compra-venta en el sector agroalimentario, más acostumbrado al apretón de manos o a los tratos de palabra, con la buena fe y la confianza como únicas garantías de cumplimiento.
Aunque la toma en consideración de la proposición de los independentistas catalanes no ha tenido votos en contra, sí la abstención del PP y de Vox, no parece que de momento se haya recibido con mucho entusiasmo en el Ministerio de Agricultura (MAPA) que trabaja más en dotar de rango estatal la Agencia de Información y Control (AICA), a tenor de las primeras impresiones que al parecer comentó Luis Planas en la asamblea general de las cooperativas de España el pasado jueves en Madrid, según confirman fuentes de esta agrupación.
Lo que sí afloraron en los discursos fueron las diferencias entre los interlocutores de la empresa de los agricultores y ganaderos del país y el propio Gobierno por el cambio que la norma ha generado en el seno de estas sociedades, ya que dicen que «no tiene en cuenta la relación socio-cooperativa como empresario que también es», más allá de su función de proveedor.
Su presidente, Ángel Villafranca, explicó 'A Pie de Campo' que cuando delega la comercialización en el gerente, en realidad está tomando decisiones sobre el momento en el que entra el producto, qué parámetros marcarán el valor, cuándo lo venderá y cuándo se liquidará, según sea la estrategia de cada cooperativa.
Y la gran discrepancia está precisamente ahí, en el sistema de pagos que de forma generalizada está diferido a un año vista, según las normas estatutarias de la mayoría de estas sociedades, lo que para los muy críticos se acerca al concepto o al menos bordea la definición técnica de una «venta a resultas» que también está prohibida en la última reforma de la Ley.
Planas recuerda que «agricultores y ganaderos merecen toda cobertura legal» como exigieron reforzar en su día las organizaciones agrarias, y rechaza cualquier cambio a futuro en este punto porque entiende que «son las juntas rectoras y los gerentes quienes tienen que rendir cuentas ante sus socios ya que -incide- las cooperativas no son almacenes sino empresas», un argumento que Villafranca rebate porque «eso ocurre ya en cada una de las asambleas». El problema es que la norma obliga a comunicar toda la información «de forma fehaciente», lo que considera que «queda a criterio del inspector».
Y esa es de momento la consecuencia: que «en 2023 se abrieron cinco requerimientos de información a cooperativas (balance AICA), y en lo que va de año, son ya más de 100», asegura el también presidente de las cooperativas castellanomanchegas que cree que la otra obligación de garantizar «precios mínimos» es «una entelequia» que podría solucionarse con planes de retirada en situaciones de crisis. Argumenta por eso que el problema de la falta de valor no está precisamente en la empresa de los productores, y sugiere que «hay otros sitios donde mirar».