Cada vez que arranca una nueva legislatura se abre en el andén del país un tiempo de eterna espera, y espacio analítico, adivinatorio, especulativo y seguramente más periodístico que durante horas sirve para juzgar el trabajo del Ministro o Ministra de turno que podría cesar, o que pudiera mantenerse en el trayecto del nuevo Consejo si, como es el caso, continúa el mismo Presidente.
Y al compás, van apareciendo nombres de hipotéticos candidatos o candidatas que de repente, se convierten en verdaderos aspirantes para subirse al tren a los ojos de alguien que apreció repentinos o sospechosos cambios en su mini-curriculum de redes sociales, como si quisiera ensalzar su predisposición o conocimiento para ser llamado, o cuando otro recordó que aquel "ministrable" tiene puntos porque fue alcaldesa o primer edil que salvó al partido de la quema de las municipales o autonómicas. Hay perfiles que reaparecen en la quiniela porque -probablemente- siempre quisieron ser, o tantas veces se dejaron querer.
En todo caso, es lógico que cualquier nueva legislatura despierte expectativas porque desata deseos entre los que se sintieron poco acompañados o atendidos durante los años del último Gobierno, o porque, aunque críticos, prefieren continuidad (si repite el mismo Presidente) como mal menor; atrás quedan sorpresas y experimentos que no salieron demasiado bien.
En Agricultura, Alimentación, Comercio o Transición Ecológica, fundamentalmente, todavía hay mucha trabajo por delante porque están en marcha planes estratégicos que conforman la hoja de ruta para que la locomotora de la política tire de los vagones de una economía agroalimentaria potente como la española, condicionada ahora por la inflación que empieza a chirriar en las vías de la exportación y amenaza con cambiar de velocidad por una crisis de consumo, o quien sabe si descarrilar por los conflictos geopolíticos. Y en ese escenario, confluyen muchas de las competencias repartidas en estas carteras.
La nueva Política Agraria Común (PAC), no representaría aparentemente ninguna emergencia para Atocha porque los grandes acuerdos están reglamentados y aprobados hasta 2027. Si acaso, la revisión futura del modelo europeo que empezará a discutirse en dos años como pronto, una vez se hayan celebrado las elecciones al Parlamento y configurado el nuevo Ejecutivo de Europa. Hasta entonces, sobre la mesa de los Ministros comunitarios no habrá grandes acuerdos, y sí debates en torno a la hipotética revisión de las normas de bienestar animal, del transporte por carretera, las técnicas genómicas, o los objetivos medioambientales para reducir el uso de fitosanitarios, por ejemplo. Todo dependerá del resultado electoral y de las fuerzas que conformen el nuevo arco. Aunque en este sentido, quizás lo más sustancioso -a futuro- será la hipotética entrada de nuevos países como Ucrania, y el impacto que tendría en los próximos presupuestos agrícolas.
 En política medioambiental, están aprobados los nuevos planes hidrológicos, aunque por desarrollar todo lo que contienen, desde el cumplimiento de los nuevos caudales ecológicos, hasta la garantía de las reservas previstas para garantizar algunos usos, o incluso obras de modernización y mejora de regadíos que es tarea pendiente también de Agricultura en un contexto de preocupante Cambio Climático.
Y en Comercio, toda una estrategia de cadena en la que las grandes superficies y supermercados piden más atención y relevancia institucional del propio departamento para que se escuche al sector que más empleo genera en España y en Europa, tal y como reivindican. 
En lo que todos coinciden es en la aspiración de que estos Ministerios ganen el peso específico deseado, o no pierdan el que pudieron tener en un Consejo que de momento arranca con otras urgencias políticas, jurídicas y territoriales. En frente, un mapa autonómico radicalmente distinto al de la legislatura anterior.