Quizás a mi no me toque sufrir en demasía las consecuencias de la llamada de atención que Bruselas hace respecto a la situación de las pensiones en España. Según los datos del Ministerio de Economía, las pensiones se llevarán un 16,7% del PIB en el año 2070 casi 5 puntos más que si no se llevara a cabo la revalorización de estas vinculada al IPC y eliminando el factor de sostenibilidad introducido por el anterior Gobierno del PP. Es evidente que un objetivo político, que es de agradecer, consiste en garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, pero hay que medir si el erario público tiene capacidad para poder atender este gasto sin dejar por ello de prestar otros servicios imprescindibles, como sanidad, educación, etc. Y no vale decir que todo se resuelve aumentando la presión fiscal, el esfuerzo fiscal del contribuyente español ya está en niveles más que suficientes, y la pirámide de edad de la población española marca una clara tendencia al envejecimiento, así que habrá cada vez más pensionistas y menos población activa en proporción. Los datos que el Gobierno remitió a Bruselas en octubre pasado indicaban que el gasto en pensiones se limitaría al 13,3% en 2070. Preocupa ver que Ministerios de un mismo Gobierno, hagan cálculos tan dispares respecto a un mismo concepto de gasto y mucho más en asuntos tan delicados como este que afecta a millones de españoles. Las decisiones sobre prioridades de gasto han de ser, evidentemente, marcadas por decisiones políticas, pero el cálculo de los datos que deben servir de base a dichas decisiones debe partir de hechos fehacientes. Aquí alguien se ha equivocado y nos han llamado la atención desde Europa. La cuestión es que, antes o después, se deberá convocar a los componentes del Pacto de Toledo para analizar que políticas a largo plazo se deben poner en práctica sobre las pensiones. Difícil veo que se pongan de acuerdo, pero al menos deben intentarlo. Yo no veré el año 2070, pero sería una irresponsabilidad (otra más) no enfrentarse a este problema.