La revolución sin precedentes que mantienen los agricultores de nuestro país desde hace ya siete semanas consecutivas, así como la respuesta amplia de tractoristas a las principales convocatorias realizadas hasta el momento, ha llevado al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a medir la reacción de la ciudadanía en su último barómetro.
Un 47,3 por ciento de los 4.000 encuestados respondió estar "plenamente de acuerdo" con las reivindicaciones del campo español, y otro 40 por ciento dijo estar "bastante de acuerdo", aunque en diferentes grados. Tan solo un 5 por ciento confesó no respaldar estas movilizaciones.
El resultado arroja un nivel altísimo de empatía que es tan sorprendente como inquietante por no quedar muy claro -en esas respuestas- si el consumidor ha entendido que parte de la solución a las disfunciones de la cadena alimentaria, por ejemplo, o incluso a esa competencia desleal que se denuncia ante las mercancías que llegan de fuera, tienen mucho que ver con su capacidad de hacer justicia cuando hace la compra.
A estas alturas, cualquier persona preocupada por su entorno y por los actores que propician su vida más fácil, debería mirar al sector primario como un eslabón sagrado de la economía porque es el verdadero artífice de que haya alimentos sanos, seguros, y asequibles. Su continuidad también es determinante en la vertebración del territorio y la preservación del medioambiente.
Cualquiera debería saber qué significa la PAC (Política Agraria Común), por qué existe y qué función cumple en un mercado común de 500 millones de consumidores que hemos configurado entre 27 estados miembros, pero que compite con la globalización que la mayoría de los países desarrollados han creado para que no falte de nada en la nevera, o aparezca cualquier capricho en nuestra cocina en los "nanosegundos" que dura un deseo. Eso es posible gracias a la liberalización más absoluta de los mercados por los grandes intercambios y acuerdos internacionales que, eso sí, utilizan al sector como moneda de cambio. Pero ¿estamos dispuestos a cerrar las fronteras?
A día de hoy, no haría falta explicar muchas más cosas cuando un agricultor denuncia que existen problemas, a pesar de los parches que en cada momento se han podido poner en la ley de la cadena, por ejemplo. Quizás algunos actores del tablero no han respetado los acuerdos, los compromisos u otros no se dan por aludidos. Aquí las administraciones deberían ser más contundentes, y no esperar siempre a que la denuncia venga del más débil.
En este sentido, de todos los mensajes que han formulado los agricultores, hay uno que probablemente se haya entendido mejor: el de la insoportable carga burocrática que pesa sobre la actividad y que la hace tantas veces impracticable o inviable. 
Quizás en este lamento esté la comprensión de la mayoría de los entrevistados por el CIS ya que, al fin y al cabo, cualquiera en su ámbito profesional o doméstico se habrá visto atrapado alguna vez en esa maraña de papeles, permisos, tasas, leyes o impuestos desproporcionados.
Por eso, si algo debiera quedar de todo esto, es el compromiso real y ejecutivo de las instituciones para no retorcer más las normas que funcionan, derogar o modificar las que representan cargas o ningún beneficio para el conjunto, o incluso repensarlas. Como también debieran repensar los agricultores movilizados que las maneras de protestar son tan importantes como la misma protesta.
Este CIS ha dejado claro que una gran mayoría avala lo ocurrido hasta ahora. Pero ningún barómetro ni persona encuestada respaldaría nunca acciones violentas, de acoso o insulto a periodistas como ocurrieron el martes pasado en Toledo. La inmensa mayoría de agricultores pacíficos deberían expulsar y repudiar a los agitadores que han irrumpido últimamente sin escrúpulos, más interesados en propiciar una desordenada rebelión que la legítima revolución.