Reducir la política al recurso a los tribunales para garantizar el imperio de la ley es una simplificación que no ofrece soluciones ni alternativas a los problemas reales de los ciudadanos españoles. El rechazo del juez Pedraz a la querella presentada por el PP por financiación ilegal del PSOE y el anuncio de los socialistas de querellarse contra dirigentes del PP por injurias y calumnias nos mete en un callejón que únicamente servirá para colapsar aún más los tribunales de Justicia, para seguir construyendo cada uno su relato y para contribuir ambos a una mayor polarización de la sociedad. Su principal tarea es gobernar o hacer oposición, pero siempre dentro de las administraciones e instituciones destinadas a ello, sin trasladar sus diferencias a un ámbito judicial, cuya politización también ha sido criticada y denunciada por cada uno en según qué casos.

Este uso de los procedimientos judiciales con el fin de obtener rendimientos políticos que sólo deberían alcanzarse por medio del juego democrático de los órganos representativos o de los medios de comunicación de masas es claramente un uso torticero de la Justicia. Algunos partidos pretenden obtener una victoria política sobre el adversario acudiendo a los juzgados (especialmente penales) para tratar de deslegitimar y hundir al partido o al Gobierno contrarios. Y lo especialmente peligroso es que entren en este juego las dos principales formaciones de España, tanto PSOE como PP, que deben debatir, criticar y proponer en el Parlamento o en los foros políticos en los que participan y no presentar querellas ante los tribunales, incluso a sabiendas de que no prosperarán porque no existe base suficiente.

Por supuesto, que nadie puede negar el derecho a una persona o partido político a denunciar unos hechos que considere delictivos, incluso está en su obligación, pero siempre que haya unas pruebas creíbles y sólidas que aportar o unas declaraciones realmente injuriosas. No todo vale, pero tampoco se puede disparar a todo lo que se menea a ver si suena la flauta. La sociedad española ya está suficientemente polarizada, gracias especialmente a las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez, para que insistan aún más en llevar a la confrontación a la ciudadanía simplemente para conseguir un mayor rédito que les mantenga en el poder o que les permita acceder a él. Aunque sirva de poco hay que pedir responsabilidad una vez más a nuestros dirigentes políticos, pues sus palabras y sus actos siempre tienen consecuencias en la sociedad civil.

Desde luego, la judicialización de la política no es el camino, como tampoco lo es la politización de la justicia, de los cuales también hay buenos ejemplos en los últimos años. El nombramiento como altos cargos de los órganos jurisdiccionales o de la Fiscalía de exministros del Gobierno socialista no es un buen ejemplo de lo que debería significar la separación de poderes. Dejemos que cada uno haga su trabajo, los políticos que gobiernen o hagan oposición y los jueces que se encarguen de hacer cumplir las leyes.