Lamentable espectáculo el de la reyerta verbal librada el jueves pasado por la tarde en los pasillos del Congreso. De un lado, los jefes del grupo parlamentario VOX (José María Figueredo y Pepa Millán). Del otro, el vicepresidente primero de la Cámara (Gómez de Celis, socialista), sobre el que aquellos descargaron sus iras porque la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, había negado a Figueredo el derecho de réplica por alusiones (artículo 71 del reglamento), tras las andanadas del también socialista Artemi Rallo, contra "un nuevo fascismo que tiene su versión española en 33 escaños de este hemiciclo".
Gómez de Celis explicó que no les correspondía un nuevo turno de palabra porque la alusión a Vox no era clara ¿Cómo que no era clara?
Figueiredo acusó entonces a Gómez de Celis de tomarles por tontos y acto seguido ventearon su radiante hallazgo: "Los socialistas han convertido el gobierno de la Cámara en "la mesa del PSOE". Vaya descubrimiento. Lo diga Vox o su porquero, pues, claro que les toman por tontos. No solo a ellos, ¿o hace falta recordar idéntica colonización de otros brazos del poder público como Fiscalía, RTVE, el CIS, Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional?
Lo malo es que esas anomalías se han normalizado. No nos sorprenden. No les damos importancia. Es el enésimo señalamiento de que la autocrítica y el respeto al discrepante no están bien vistos en el PSOE de Sánchez. Es agotador. Las pruebas se amontonan hasta el punto de aflorar en nuestra memoria aquellos versos de León Felipe "No cansa una vuelta sola, cansa el estar todo el día dando vueltas a la noria".
El referido encontronazo se produjo en el marco del debate y votación que daba salida a la proposición de ley orgánica del PSOE sobre la disolución de asociaciones franquistas. Su paso por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, puede mejorar el texto antes de llegar al BOE si prosperan las enmiendas orientadas a extender las eventuales prohibiciones también a grupos totalitarios no necesariamente de inspiración derechista, como los que hacen apología del terrorismo en nombre de ideas izquierdistas. Solo por pura simetría argumental.
La iniciativa legislativa era un compromiso del PSOE ligado a la Ley de Memoria Democrática que fue fletada en diciembre de 2022. El contenido propone reformar la ley sobre el derecho de asociación, que es tan básico en el funcionamiento de la democracia como el de expresión. Ambos alcanzan de lleno a los representantes del pueblo soberano. El que permite al socialista Rallo calificar de "ofensiva, hiriente, inhumana, envilecida y revanchista" a la portavoz de Vox, Pepa Millán. Y el que debió otorgarse a Figueiredo para replicar a la acusación de "fascistas" dirigida por Rallo a los componentes del grupo parlamentario Vox.