Tras los últimos datos revelados sobre las reuniones celebradas mientras se desataban las consecuencias de la DANA en toda su virulencia cabe preguntarse si los responsables de distintas áreas de gobierno en las comunidades autónomas están en las manos adecuadas o han sido situados ahí por compromisos políticos y en función de unos criterios que solo los responsables de su nombramiento conocen y según la relación de fuerzas internas.
Que la consellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, desconociera, según unas declaraciones, y si conociera, según otros testimonios, la existencia del sistema de avisos ES-Alert es un síntoma de que su labor al frente de la comisión de emergencias, hasta la reaparición de su jefe, Carlos Mazón, no ha sido la más apropiada. Y más allá de los intentos de señalar a Pedro Sánchez por no haber decretado la emergencia nacional, los indicios de incompetencia apuntan a la gestión de la Generalitat valenciana. En algún momento se conocerá la cronología completa de los avisos, las reacciones, las decisiones, los ofrecimientos, los errores y las inculpaciones. Por ahora no se ha pedido que rueden cabezas públicamente.
A las víctimas de la DANA los rifirrafes políticos solo les sirven para incrementar su sensación de desamparo y a muchos de ellos también les importara muy poco la distribución de competencias entre administraciones porque quieren soluciones. Pero quienes si conocen como es el funcionamiento del Estado autonómico tendrían que ser prudentes, realizar labores de pedagogía y a ser posible dejar de repetir bulos como que la soberbia de Sánchez le llevó a decir lo que no dijo y que se repite para exculpar a Mazón y culpar al jefe del Ejecutivo sobre el ofrecimiento de ayuda, o sobre la relación entre las ayudas previstas por el Gobierno tras la declaración de zona catastrófica y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Bienvenida sea la reunión telemática de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo, de la que ha salido la conclusión de que el Estado autonómico ha funcionado de forma adecuada, aunque esa apreciación suponga una cierta contradicción con la petición del propio Feijóo para que Sánchez declarara la emergencia nacional. Y no ha podido evitar hacer una referencia al bulo contra Sánchez al afirmar que los valencianos "no les tienen que pedir nada". Y sobre todo si ha servido para poner en común formas de actuar distintas a las de Mazón y en las que el PP ha tenido que hacer frente a catástrofes inesperadas, porque la sensación en este caso es que ha actuado siguiendo el mismo patrón para ocultar sus responsabilidades.
Cada vez que se conocen más datos sobre la cronología de los avisos, las decisiones del comité de emergencias valenciano, la comida privada primero y de trabajo después de Mazón el día de la tragedia, la forma en la que se llevó a cabo la coordinación con la UME, -a disposición de la Generalitat valenciana desde el primer momento-, y las horas pasadas hasta las que se realizó el anuncio de la riada que se venía encima a través de ES-Alert, la situación política de algunos responsables autonómicos se hace más insostenible.
La 'consellera' responsable de Emergencias, Salomé Pradas, puede ser el primer cortafuegos antes de que la inundación le alcance al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.