La secuencia de hechos es la conocida porque los caso de corrupción son una constante en la vida política española y siempre sigue los mismos pasos, las primeras denuncias se sustancian con investigaciones que llevan a la cárcel al principal implicado que en un momento determinado tira de la manta y deja con los pies al aire a destacados políticos del gobierno de turno o del partido que lo albergaba. A partir de ese momento mientras continúan las investigaciones judiciales el partido o los políticos concernidos niegan la mayor anuncian y ejecutan acciones judiciales contra el deslenguado al que piden que presente las pruebas de sus acusaciones.
El proceso de presentación de las pruebas que sustentan sus acusaciones se dilata en el tiempo, y obedece a un plan preconcebido para causar el mayor daño posible a quien un día fue su benefactor y que se ha convertido en su principal enemigo. La declaración del conseguidor e intermediario Víctor de Aldama tanto en la compra de mascarillas durante los primeros momentos de la pandemia, como en los contratos públicos con empresas, ha provocado que el presidente del Gobierno y el PSOE reaccionaran como estipula el manual de respuesta ante una crisis de estas características, con la negación de la verosimilitud de las declaraciones realizadas ante el juez, subrayando su cualidad de investigado y preso y exigiendo la presentación de pruebas que sustenten sus denuncias.
Víctor de Aldama, a la salida de la cárcel por mor de su comparecencia judicial, afirmó que si Pedro Sánchez y el PSOE quieren pruebas de sus denuncias las tendrán. El conseguidor se inculpó de delitos que son por los que está procesado, el pago de comisiones en el caso Koldo-Abalos, por la compra de mascarillas y que está plenamente judicializado -además de estar investigado por el presunto fraude del IVA por la venta de hidrocarburos por valor de 180 millones de euros- que amplió con el señalamiento del 'número tres' del POE, Santos Cerdán como receptor de un sobre con 15.000 euros y la petición de otros 50.000 para el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, que de confirmarse situaría este caso de corrupción política en un nivel superior.
La mayor parte del resto de sus declaraciones son sobre reuniones que ha podido celebrar con otros miembros del Ejecutivo de la que tendrá que demostrar cuales fueron sus resultados y si fueron delictivos, o si solo quedaron en uno de tantos encuentros que los ministros realizan con empresarios de distinto pelaje, aunque De Aldama realizó al parecer una intensa actividad 'emprendedora' por varios ministerios. Por el momento, los jueces han tumbado los intentos por revitalizar algunos de los asuntos en los que intervino Víctor de Aldama, la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez a España o el rescate de la aerolínea Air Europa.
No obstante, la andanada que ha recibido el presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, es de tal calibre que no se puede resolver con una actitud defensiva a la espera de que Víctor de Aldama vaya soltando las pruebas que guarda para sustentar su colaboración con la justicia, sino que debe esforzarse por demostrar la inocencia e todo su entorno -en política la presunción de inocencia opera al revés que en el mundo judicial-, y en tratar de prestigiar la acción política porque sus adversarios no van a tener problemas en embarrar el terreno de juego. Y va a llover mucho en los próximos tiempos.