Nada de lo que ocurre en torno a la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene visos de normalidad. Comenzando por la causa abierta contra él por presunta revelación de secretos sobre la situación fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la primera vez que un fiscal general es sometido a investigación por un presunto delito menor que se comete a diario en los tribunales y del que el propio García Ortiz acaba de ser víctima.
Tras la sorprendente orden del juez instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, de ordenar la entrada y registro de su despacho profesional y el volcado de todo lo contenido en sus dispositivos electrónicos, el fiscal general advirtió de que en ellos se encontraba material muy sensible para muchas investigaciones y secretos relevantes. Aunque el juez acotó las fechas entre las que se debía investigar la posible filtración, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detallado con excesivo celo las conversaciones que ha mantenido y con quien a lo largo de diez meses y ha desvelado cuestiones personales y profesionales que no afectan a la causa y que ponen en riesgo operaciones judiciales y policiales y la seguridad de personas.
La cuestión ahora es saber cómo se ha producido esa filtración de datos que han sido puestos a disposición de las acusaciones particulares que animan la causa. A no ser que hayan estado disponibles en el juzgado de Hurtado y hayan podido tener acceso a ellos distintos funcionarios, porque si no la torpeza del juez al no borrar los datos personales, como le exige la ley, sería una presunta irregularidad más a añadir a todas las que rodean este proceso. La posibilidad de que a los datos fiscales de González Amador hayan tenido acceso decenas de personas es una de las líneas esenciales de la defensa del fiscal general, que el juez no ha tenido en consideración.
En todo el proceso contra Álvaro García Ortiz sobrevuela un aire de vendetta. Su política de nombramientos para algunas fiscalías de Sala había sido tumbada por el Supremo y el volvió a insistir en ellas. A lo que hay que añadir su actitud cuando fue llamado a declarar como investigado y se negó a contestar al juez por considerar que la causa era nula por la desproporción y falta de motivación del registro de su despacho, un asunto que está pendiente en la sala de apelaciones del Supremo. Quienes dan la razón al fiscal general se encuentran enfrente a quienes están dispuestos a ver a García Ortiz sentado en el banquillo de los acusados y harán todo lo posible para que así sea.
Ante la insólita decisión de procesarle registrar su despacho, el fiscal general respondió con el borrado de sus chats y correos electrónicos para dificultar su rastreo. A pesar de las dificultades, la UCO ha logrado desentrañar el flujo de comunicaciones después de encontrar 'cero mensajes' en el primer análisis de los dispositivos y ha puesto negro sobre blanco más datos de los que se les pedían. García Ortiz ha recurrido ante el departamento de protección de datos del CGPJ el exceso policial. Sería muy importante que las quejas presentadas se tramitaran con la máxima diligencia ante la gravedad de los hechos. Los datos revelados en manos de las acusaciones populares de ultraderecha van a servir para que en los próximos tiempos haya ruido, mucho ruido.