El próximo 1 de julio tendrá que entrar en funcionamiento la nueva concesión del servicio de Ayuda a Domicilio, que el Ayuntamiento ha sacado a concurso por dos años prorrogables uno más. Es un concurso, apunta el concejal de IU, Txema Fernández, que se presenta sin saber a cuántos usuarios tiene que atender (sin diagnóstico previo) y sin recoger el número de horas de trabajo, «que luego serán 'apañadas' en cualquier reunión». Además la empresa cobrará 3.800 euros al mes por cada una de las trabajadoras de jornada completa (ocho de las 47), mientras que ellas se llevarán 1.100 euros, y con esas ganancias empresariales no se garantizan los epi. Tampoco hay obligación de cubrir a las trabajadoras de baja.
El edil de IU ha lamentado que la Ayuda a Domicilio vuelva a estar privatizada. A su juicio, «es un servicio tan sensible, tan necesario, tan imprescindible desde el punto de vista social, que debería ser prestado de forma directa por el Ayuntamiento». Su idea es que esta licitación se paralice y se revierte para que sea la EMV la que encargue de gestionar el servicio y asuma a las trabajadoras. A Fernández no le valen excusas de la cofinanciación, y con el dinero que pone el Ayuntamiento, más el que recibe de la Junta le da para pagar bien a las trabajadoras, quitando el IVA y el beneficio industrial.
Porque el actual pliego de concurso es para una licitación «más mercantil que social», hasta el punto que en el concurso ha ganado peso para la adjudicación la oferta económica a la baja, que ha pasado de los 55 puntos de la anterior licitación en 2022 a 65, y el peso a las características técnicas ha bajado de 45 a 35. Si estos años el servicio se ha prestado con un carácter eminentemente mercantil, «en el que no importan la plantilla, ni los usuarios», no se quiere imaginar Fernández las consecuencias de este nuevo concurso.
Condiciones laborales. En estos momentos, el servicio cuanta con 50 trabajadoras, de las que 47 son auxiliares de prestación y tres de coordinación. Fernández apunta que el pliego no está pensadas para ellas. No saben, para empezar, cuántas horas van a trabajar al año, pero «han perdido condiciones laborales».
Es así porque en 2022 se recogía que cuando un usuario tuviera un problema grave de movilidad en su domicilio, la empresa se comprometía a aportar dos trabajadoras para la prestación óptima del servicio. En 2025 se ha eliminado, como los análisis de evaluación de calidad de los usuarios a la empresa o los epi.
De hecho, el pliego actual dice que la empresa no prestará servicio si el usuario carece en su casa de ayudas, como una grúa. Se pregunta Fernández si se le va a quitar el servicio concreto. Antes la solución era llevar dos trabajadoras. Ahora lo pagarán la trabajadora que tendrá que cargar, o el usuario.
Además, solo ocho de las 47 auxiliares tienen jornada completa. A partir de ahí, hay tantos horarios como trabajadoras, con horarios «absolutamente absurdos, llenos de decimales». Eso por no hablar de que las trabajadoras cobrarán 36,26 euros al día por una jornada completa de 39 horas semanales, la empresa recibirá por ellas 24,91 euros la hora. Es decir, la empresa cobrará 3.800 euros al mes y pagará 1.100.
Además, Fernández avisa que el pliego no recoge la obligación de cubrir a las trabajadoras en baja laboral (son una profesión con mucho riesgo), ni ninguna sanción a la empresa si no lo hace.