Castilla-La Mancha es la primera de la clase. En Dependencia saca un 8,3, un notable alto que la hace merecedora de la mejor nota de todo el país. Así lo recoge el último Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que realiza la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. "Es reflejo del trabajo que se ha estado poniendo por parte del Gobierno regional en estos ocho años en materia de Dependencia", expone la consejera de Bienestar Social, Bárbara García.

Incluso se nota en el movimiento de los expedientes que se tramitan de cambio de comunidad autónoma. El pasado año se tramitaron en Castilla-La Mancha 1.531 traslados de expedientes y la mayoría eligieron 'venirse' a Castilla-La Mancha. Así ocurrió con mil casos, alrededor de dos tercios del total. 

En estos momentos hay 72.000 personas a las que se atiende diariamente. Solo el pasado año se incorporaron a 5.000 más. Este volumen de personas recibieron 97.000 prestaciones, que son 11.000 más que hace un año. Page se marcó como objetivo llegar a las 100.000, algo que podría conseguir este 2024. 

Todo esto tiene un coste. El presupuesto alcanza los 627 millones, un 68 por ciento más que lo que había en 2015. Ahora bien, el Gobierno regional demanda más aportación al Ministerio, pues esgrime que el sistema de Dependencia debería estar cofinanciado al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado. "Es lo primero que le dije al ministro nada más entrar por la puerta, que hace falta que el Gobierno de España participe al 50% en la cofinanciación con la Dependencia", contó. En estos momentos está en torno al 30%, si bien el Gobierno regional reconoce que en los últimos años ha intentado aumentarse. Para este 2024 todavía no se conocen las cifras pues no hay presupuestos del Estado sobre la mesa. "El ministro me dio buenas expectativas", apuntó la consejera.