El objetivo de la Junta es lograr la paz en la convivencia de las 148 Viviendas de Río Yedra en el barrio del Polígono, amén de que sus inquilinos cumplan con sus obligaciones como inquilinos, que no vaya a más la situación actual de orden público, que ya transciende la responsabilidad de Gicaman, propietaria de las viviendas, «porque hay un problema de orden público donde no se puede hacer nada más». De forma que está buscando soluciones tanto en las viviendas ocupadas, como en aquellas arrendadas donde no hay pagos. Todo ello está ya en manos de la justicia.

Durante estos días se están tratando por un lado de ejecutar los alzamientos de los desahucios de los okupas, de los procedimientos judiciales iniciados en 2020, suspendidos en su día por la ausencia de un abogado. Además, Gicaman ha presentado en los Juzgados de Toledo demandas por impago a sus inquilinos morosos. Los Juzgados ya se están poniendo en contacto con estos, y les ha dado un plazo de diez días para contestar, lo que está causando una alarma social en la promoción, dado que algunos afectados han entendido que les echarían en diez días.

Fuentes de Gicaman apuntan que antes de esta decisión se han tratado de agotar todas las vías previas. A estas personas se les ha mandado requerimientos para que trataran de ponerse al día con las rentas de acuerdo con sus ingresos. A falta de respuesta, después de diez años sumando une «deuda enorme», la entidad se ve en necesidad de actuar «porque este no es un uso responsable de un recurso público como es una vivienda social», más cuando hay familias apuntadas al Registro de Demandantes de Vivienda y no pueden acceder a ninguna.

A partir de ahora, por lo tanto, todo está en mano de los Juzgados, que tendrán que decidir el futuro de estas personas, previa escucha a los Servicios Sociales, lo que podría llevar a la suspensión del proceso. No obstante, desde la Junta se destaca que hay personas afectadas con trabajos indefinidos y estables.

Será, por lo tanto, un procedimiento judicial «largo y complejo». Además, Gicaman apunta que las deudas acumuladas no van a prescribir.

Sin desahucios por vulnerabilidad. La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en Toledo tiene conocimiento de estas demandas y recomienda a los afectados que respondan a los requerimientos de los Juzgados, en los que se les da diez días para responder.

Su portavoz, José Luis Calvo, recomienda que se sigan los plazos de los procesos judiciales. En caso de no hacerlo, el proceso podría terminar en una orden de desahucio. Pero si lo contestan van a tener más derechos. De hecho, la Plataforma ha recomendado a dos de los afectados que respondan y los procesos judiciales están parados porque a los Juzgados les han saltado alarmas de vulnerabilidad. 

Porque de esta forma, los afectados tienen derecho a justicia gratuita, si se da el caso y que los evalúen los Servicios Sociales. Además, un juicio tiene garantías y además en estos momentos no se puede desahuciar por ley a nadie en situación de vulnerabilidad, al menos hasta final de año.