El Gobierno quiere eliminar los aforamientos del Estatuto

L.G.E.
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El vicepresidente primero anuncia una Ley de Evaluación de Políticas Públicas y la creación de una Oficina de Integridad Pública para vigilar las puertas giratorias

El Gobierno quiere eliminar los aforamientos del Estatuto - Foto: Javier Pozo

El Gobierno regional quiere dejar la reforma del Estatuto (o la redacción de uno nuevo) en manos de los grupos parlamentarios castellano-manchegos. «La podríamos hacer desde el Gobierno, pero creo que es más operativo que se impulse desde las Cortes», expuso esta mañana el vicepresidente primero del Ejecutivo, José Luis Martínez Guijarro. Por eso confía en que den buenos frutos los contactos entre partidos políticos, que hasta la fecha se están manteniendo entre PP y PSOE, y apela a la «discreción» para que lleguen a buen puerto. 
José Luis Martínez Guijarro, que se pudo dirigir a los grupos parlamentarios en una comisión en las Cortes, les chivó qué es lo que quiere el Gobierno que tenga el nuevo Estatuto. Sugirió dar «rango» y protección al Estado del Bienestar, es decir a la Educación, Sanidad y Servicios Sociales, pero también quiere blindar las políticas de lucha contra la despoblación en esta norma. Asimismo aconseja que se dote de la figura de los «decretos leyes» para dar más margen de maniobra y capacidad de reacción al Ejecutivo autonómico.
En relación con el aumento del número de diputados, que es uno de los debates más esperados de esta reforma, señala que hay que aspirar a que la «representación de los castellano-manchegos sea equilibrada». También dejó caer que «sería procedente suprimir el régimen especial de aforamientos que contempla el actual Estatuto».  

¿Quiénes están aforados ahora?
Esa figura de aforado la tienen todos los diputados autonómicos, tal y como recoge el artículo 10.3 del Estatuto en vigor. El texto especifica que los miembros de las Cortes «durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad, sino en caso de flagrante delito». Apunta que corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decidir, en todo caso, «sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio».  Y aclara que, «fuera del territorio regional, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».


Listo para entrar en cuanto se active el Congreso.

En cuanto a los plazos, Guijarro reconoce que le gustaría que estuviera listo al finalizar el año para que pudiera entrar en el Congreso de los Diputados cuando arranque la legislatura de manera efectiva, algo que prevé para comienzos de 2024. Y es que la tramitación de un Estatuto lleva luego su tiempo en el Congreso y en el Senado.
Guijarro expuso que un buen «punto de partida» podría ser el texto de reforma de Estatuto que se hizo en 2010, pero que finalmente no fue aprobado en el Congreso de los Diputados. Eso sí, insiste en que lo más importante es que se haga con «el mayor consenso posible». Un nuevo Estatuto podría salir aprobado de las Cortes solo con mayoría absoluta, para lo cual bastarían los votos del PSOE. Sin embargo, luego necesita el refrendo del Congreso de los Diputados y ahí sería imprescindible que como mínimo PSOE y PP votaran a favor. 

Una oficina para vigilar puertas giratorias

En su comparecencia ante las Cortes para explicar la hoja de ruta de la Vicepresidencia Primera en los próximos cuatro años, Martínez Guijarro habló de varias leyes. Avanzó la aprobación de la Ley de Integridad Pública, con la creación de una oficina que se encargará de controlar que no haya puertas giratorias. Se ocupara de viligar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos, gestionará un registro de actividades y conflictos de interés y que luego, al terminar el mandato de ese cargo público compruebe "que no ha existido enriquecimiento injustificado" y hará seguimiento de su posible fichaje por empresas privadas en los dos años posteriores a su cese. 

Ley de Evaluación de Políticas Públicas

Otra ley de la que se encargará Martínez Guijarro es de la de Evaluación de Políticas Públicas. Guijarro explica que el objetivo es "que sirva como instrumento de rendición de cuentas de resultados medibles". Por norma se establecerá la obligación de hacer un informe previo para planes y leyes sobre la situación que se quiere abordar y luego habrá que hacer un análisis posterior para testar los resultados.