La Junta de Gobierno de la Diputación ha dado su visto bueno al pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato de prestación del servicio de recogida de perros abandonados en los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes. Para ello, la Institución liberará una partida de algo más de 90.000 euros.

Según se indica desde la Diputación, la existencia de perros abandonados, sueltos, vagabundos o incontrolados, además de evidenciar un problema de tipo humanitario, en cuanto que estos sobreviven en condiciones muy deficientes, representan un alto riesgo potencial para la salud humana, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, «los perros incontrolados, desde un punto de vista sanitario, son unos de los animales que mayor número de enfermedades pueden transmitir al hombre, y además de este riesgo sanitario, representan una amenaza para la seguridad de las personas o cosas». En el medio rural, además, se añade el perjuicio económico que pueden llegar a ocasionar los perros asilvestrados si atacan a los rebaños.

La mayoría de los municipios no cuentan con los recursos técnicos ni económicos suficientes para prestar este servicio, lo que motiva que año tras año se reciban, en los Servicios Agropecuarios, numerosas peticiones de recogida de perros. Hay una tendencia creciente por parte de la población a demandar este servicio, motivada no ya solo por la existencia de mayor número de animales vagabundos sino también por la aparición de perros considerados como peligrosos, apunta el texto aprobado en la Junta de Gobierno.

Por todo ello, y «considerando la gran inquietud y alarma que suscita en ciertos municipios la existencia de perros abandonados y peligrosos, el gran aumento del número de perros vagabundos en las poblaciones de la provincia, el incremento en las solicitudes y demandas de prestación del servicio de recogida, el riesgo que representan los perros incontrolados para la salud pública y el perjuicio económico que pueden llegar a ocasionar, se estima necesario que por parte de esta Diputación se proceda a la contratación del servicio».

Éste, básicamente consiste en la recogida y captura, alojamiento, donación o eutanasia de perros abandonados, previo aviso por parte de los municipios. Sus objetivos son eliminar la alarma social que se produce ante la presencia de perros peligrosos, reducir los costes que supondría a cada municipio la gestión individualizada, establecer un sistema de recogida homogéneo en cada municipio y eliminar las malas condiciones higiénico-sanitarias debidas a este tipo de animales.

Sin embargo, la Diputación no dispone actualmente de los medios materiales, humanos ni técnicos necesarios ni está capacitada para desarrollar correctamente la prestación del servicio, ya que no cuenta con ninguna persona adiestrada en la captura de animales ni en el manejo de medios de sedación ni tampoco dispone de instalaciones autorizadas por la Consejería de Agricultura como entidad colaboradora y centro de recogida de animales. Tampoco el personal funcionario está formado en riesgos específicos para la realización de este tipo de actividad.

Actualmente, no se dispone de equipos de protección individual específicos, métodos normalizados de trabajo, equipos de sedación, vehículos autorizados, ni instalaciones autorizadas y especialmente acondicionados para el desarrollo de esta actividad.

Por todo ello, «queda de manifiesto la necesidad de proceder a contratar los servicios de una empresa especializada para la prestación del servicio de recogida de perros abandonados en los municipios de la provincia y entidades de ámbito territorial inferior al municipio».