La Federación Empresarial de Toledo (Fedeto) ha expresado su preocupación respecto al impacto que tendrá en los empresarios de la ciudad el reciente fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Toledo.

Este dictamen obliga al Ayuntamiento a incrementar la factura del agua, generando un aumento estimado en el 8% en los costos para los negocios locales.

Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, señaló que el incremento resulta ser «una burrada» para sectores como la hostelería y expresó su desconcierto ante la situación calificándola como algo difícil de comprender. 

Además, comentó que se «está pagando por un sueño», refiriéndose a que actualmente se está pagando una proyección que no se ha cumplido. «¿Por qué por un sueño?, porque cuando se hizo el contrato del agua se estimó que Toledo en muy poco tiempo iba a tener 120.000 habitantes, y vamos para atrás como los cangrejos», explicaba el dirigente de Fedeto referente a la firma del contrato con la concesionaria del agua.

Sin embargo, la realidad ha mostrado una tendencia contraria, con una disminución de la población. Una discrepancia entre la proyección original y la realidad actual.   

Ante esta situación, Madruga abogó por una revisión en la forma en que se regulan asuntos de este tipo, llamando la atención sobre la necesidad de ajustar estos contratos de manera más realista y adecuada a la situación demográfica. «Hay cosas que se deben de regular de otra manera y hacérnoslo mirar. De momento nos va a costar una pasta», apuntaba Manuel Madruga.

Esta situación destaca Fedeto, que tendrá un impacto financiero significativo para los empresarios y subrayó la importancia de replantear este tipo de acuerdos para evitar consecuencias económicas más adversas en el futuro.    

El fallo impone una condena al Ayuntamiento de Toledo, instándolo a revisar al alza las tarifas del agua en un plazo inamovible de diez días. Esta decisión judicial se fundamenta en la falta de ejecución de un acuerdo emanado de la Junta de Gobierno Local en agosto de 2018. En caso de no cumplir con la orden en el plazo establecido, la Administración local se expone a multas coercitivas, cuyo rango oscila entre los 150 y los 1.500 euros.