El terrible siniestro ocurrido el pasado lunes en la localidad ciudadrealeña de Fuencaliente, al hundirse un puente y caer al río Yeguas  un coche y un camión con el resultado de dos muertos, dejaba un dato llamativo. Uno de los fallecidos, el conductor del camión, contaba con 81 años. Pero aunque el dato sorprenda, el difunto no vulneraba la legislación de tráfico, que admite ahora la renovación de los permisos de conducción para transportes después de cumplidos los 70 años, algo prohibido antes. De hecho, se estima que siete de cada 100 conductores ya superan los setenta, lo que puede suponer que hay unas 30.000 personas de esta edad circulando por la provincia toledana a esas edades.

Quien aporta estos datos es el jefe provincial de Tráfico, Javier Caparrini. Ante la pregunta de si  una edad avanzada supone un riesgo en la conducción, aclara que no es un factor peligroso en sí. Lo fundamental para los ancianos, al igual que para el conjunto de la población, es pasar las pruebas psicofísicas establecidas según el tipo de vehículo que se conduce, demostrando que se tienen las facultades  precisas para ello. Y aunque la edad parezca a priori un obstáculo, Caparrini  recuerda que no tiene que ser forzosamente sinónimo de impedimento si la persona conserva las capacidades necesarias para manejarse al volante. De hecho, en la Jefatura de Tráfico toledano se recuerda como al conductor más veterano al que han renovado su carné a un señor de 91 años. Caparrini, que tuvo la oportunidad de conocerle, no cree que suponga una imprudencia dejarle llevar su coche.  «Estaba perfectamente, conservaba más del 80 por ciento de su agudeza visual, bastante más de lo que se pide, y hablamos  de un señor que practicaba una hora de gimnasio  y era capaz de leerse un libro a la semana», destacaba destacando el buen tono físico y mental que presentaba este señor, mejor que el de personas más jóvenes que él.

Y es que el jefe provincial de Tráfico recuerda que con el aumento de la esperanza de la vida,  resultará cada vez más habitual que personas jubiladas sigan en la carretera al llegar a la Tercera Edad en mejores condiciones físicas que pasadas generaciones, y que puedan usar el vehículo para sus desplazamientos  de asueto.

Se da la circunstancia, además, de que esta ‘generación del 600’ puede considerarse la pionera de la motorización de la sociedad española a partir de los años 60 del siglo pasado. Aunque muchos de ellos accedieron a su carné por sistemas alternativos al de autoescuelas, como la instrucción del servicio militar, Caparrini también desmiente que cuenten con una preparación inadecuada para seguir circulando. «La capacidad de conducir la da la combinación de formación, habilidad y experiencia», comenta resaltando que en el último factor los conductores veteranos van sobrados. También señala los esfuerzos que la Dirección General de Tráfico (DGT) hace para informar a los conductores de los cambios en la normativa de circulación.

Los familiares pueden prevenir percances.  Por ello, el responsable de Tráfico especifica que, más que la edad, la imposibilidad de manejar un vehículo viene porque el conductor no esté en condiciones por una merma de capacidad que no tiene que estar forzosamente asociada a los años. Por ello, lo primero que apela es al «sentido común» del propio conductor, que debe ser el primero en negarse a arrancar su coche tanto por un achaque como por una incidencia que afectaría a alguien a cualquier edad, como la ingesta de alcohol.

Y, si el propio conductor no lo asume, «incluso los propios familiares pueden poner de manifiesto el problema», recuerda Caparrini, que señala que la DGT puede suspender el permiso de circulación del afectado si se le proporciona una prueba fehaciente de su incapacidad.

Por último, Caparrini recuerda una propuesta de Tráfico para asegurar el adecuado estado físico y mental de la población conductora, que el sistema sanitario informe cuando detecte en una persona una dolencia que le impida usar un vehículo con garantías. Esta posibilidad, señala el jefe de Tráfico, está en estudio para conciliarla con normas como la Ley de Protección de Datos. Sin embargo destaca que permitiría  incluso suspensiones temporales seguidas de la recuperación del permiso «por el consumo de determinada medicación en una temporada, o mientras esté sometido a los efectos de una intervención».