Por el momento, podemos olvidarnos de las decenas de millones de euros de inversión y los centenares de puestos de trabajo que se contaba que iban a caer del cielo en la frontera entre Toledo y Madrid con dos proyectos enfrentados, la ampliación del aeródromo de Casarrubios del Monte y la construcción del nuevo aeródromo del Suroeste en las vecinas poblaciones madrileñas de El Álamo y Navalcarnero. La tramitación de ambas infraestructuras ha llegado a un punto en que la una puede bloquear la otra. Y en los gestores del campo de aviación toledano, que ya contaban con poder ejercer este veto sobre el futuro aeródromo que promueve la Comunidad de Madrid para que no perjudicara sus intereses, ha sentado especialmente mal que ahora la región vecina tenga la misma capacidad para bloquear su ampliación gracias a la información sensible que les ha facilitado un funcionario experto en instalaciones aeroportuarias. Este técnico de alto rango supervisó los inicios de los estudios de la ampliación casarrubiera hace unos tres años, adquiriendo unos conocimientos que tras ser contratado por la región vecina le han valido a esta para torpedear la iniciativa toledana.
El gerente del aeródromo casarrubiero Ignacio Elduayen identifica al citado técnico como Juan Cruz Franco, actual jefe del Área de Instalaciones Aeroportuarias de la Comunidad de Madrid pero que antes, de octubre de 2010 a octubre de 2013, desempeñó la Jefatura de Supervisión de Aeródromos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. De este órgano del Ministerio de Fomento depende las autorizaciones a instalaciones aeroportuarias de toda España.
Elduayen recuerda que hacia 2011, cuando se plantearon ante el Ministerio de Fomento los primeros trámites para ampliar Casarrubios , Cruz Campo fue uno de los funcionarios que los supervisó. Al plantearse la ampliación de la actual pista casarrubiera, Elduayen recuerda que este técnico les planteó una forma de tramitación del proyecto que suponía modificar sus coordenadas para referenciar su ubicación en el espacio aéreo. «Él nos dijo: ‘como vosotros estáis planteando una ampliación en estas condiciones, debeís poner estas coordenadas’, y el punto se sitúa 100 metros más al Norte», comenta El duayen.
Pero esos 100 metros han supuesto que, el año pasado, el técnico ahora al servicio de la Comunidad de Madrid pudiera impugnar el proyecto toledano ante sus antiguos compañeros de Fomento por suponer una modificación de la disposición del espacio aéreo del aeródromo toledano. «Juan Cruz llamó a Aviación Civil y les dijo: ‘oiga, ¿os habéis dado cuenta de este detalle?’. Y entonces nos han echado atrás el tema de la ampliación», explica Elduayen. Este hecho supondrá, resume el gerente, la obligación de reiniciar el expediente de la ampliación desde el principio y dar a Madrid la opción de vetarlo por afectar al espacio aéreo del Aeródromo del Suroeste, al igual que el aeródromo toledano puede oponerse al proyecto madrileño por interferir en su área de vuelo.
El responsable del aeródromo casarrubiero se cuida de señalar que el técnico haya incurrido en algún tipo de ilegalidad con su cambio de bando. «Yo creo que él, en esa época -cuando aconsejó el cambio de coordenadas desde AESA- no sabía que iba a trabajar en (la Comunidad de) Madrid, pero él nos aconsejó hacerlo así y lo hicimos como él dijo», comenta. Sí valora gráficamente el resultado de aquel consejo y la maniobra posterior como «una gran putada».
Parados por elecciones.
Pese al malestar que le provoca el tiempo y dinero invertido por su empresa en un proyecto frustrado, en el que además no ha contado con apoyos de la Junta, Elduayen destaca que al menos la reciente autorización concedida por el Ministerio de Fomento a Madrid para construir el Aeródromo del Suroeste quede condicionada a que consiga un acuerdo para compartir el espacio aéreo con los aeródromos que lo circundan, entre ellos el suyo. «Es una decisión salomónica», concluye. El gerente de Casarrubios destaca que el Gobierno de Madrid no ha reanudado contactos para este acuerdo, algo que ya no espera por la proximidad de las elecciones autonómicas, de las que depende un futuro ejecutivo madrileño que decida si prosigue con el nuevo aeródromo.