Uno de cada veinte toledanos percibe el Ingreso Mínimo Vital

Á. de la Paz
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Desde la entrada en vigor de la renta social, en junio de 2020, unos 41.000 vecinos han recibido la prestación. Más de 9.000 familias de la provincia se benefician de esta ayuda

Un grupo de personas esperan a ser atendidos por una organización de caridad. - Foto: Yolanda Lancha

La prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha beneficiado desde junio de 2020, fecha de la implantación del recurso, hasta septiembre de 2024, último mes del que se tienen datos completos, a 41.018 toledanos. En estos más de cuatro años de vigencia de la nómina social, el ingreso ha llegado hasta 12.381 hogares de la provincia.

El pasado mes, fueron 31.136 los vecinos que percibieron este ingreso. La ayuda regó 9.169 unidades familiares, lo que supone que por cada expediente valorado y aprobado se beneficiaron 3,4 personas. El IMV, por tanto, se adivina como un instrumento que contribuye a aliviar las estrecheces de muchas familias toledanas.

El subsidio, dirigido a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, se distribuye aproximadamente al 4,2% de la población provincial (el último dato conocido eleva hasta los 743.810 el número de residentes), lo que supone que -aproximadamente- uno de cada veinte vecinos se beneficia de esta medida. Respecto al dato del año pasado, las prestaciones reconocidas se elevan un 41,4%; además, crecen un 2,4% respecto a agosto.

El erario desembolsó 4,5 millones por este subsidio en la provincia el pasado mes. La renta media percibida por cada unidad familiar en Toledo ascendió hasta los 429,02 euros, una cuantía superior a la media regional (401,21 euros) e inferior al promedio del conjunto de España (476,65 euros). El montante por el IMV Básico en la provincia se situó en los 479,73 euros, mientras que el IMV Completo€se elevó hasta los 763,59 euros. El  Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) estuvo dotado con 142,97 euros de media.

La ayuda por receptor individual es, sin embargo, inferior. Cada toledano beneficiario de esta ayuda ingresó en septiembre apenas 126,34 euros, unos cuatro euros al mes más que el receptor promedio de Castilla-La Mancha (122,23 euros), pero lejos del importe medio que ingresó un ciudadano español (158,20 euros) por este plan de ayuda.

Desde la aprobación de esta medida, tras el final del primer confinamiento por la pandemia, la inversión en este programa asistencial en la provincia escala hasta los 146,6 millones.

Unos 2.500 hogares, de las casi 12.400 unidades familiares de la provincia que se han visto favorecidos por esta ayuda desde su entrada en vigor, se correspondieron con estructuras monoparentales; esto es, de un adulto con un menor a su cargo (1.369 hogares), con dos menores (861 hogares), con tres menores (231 hogares) o con más de tres menores (44 hogares). La pobreza, por tanto, afecta a este tipo de viviendas en las que sólo uno de sus miembros puede aportar rentas, aunque también lo hace en otras categorías: los hogares con dos adultos y dos menores censados en la vivienda son el principal grupo -por términos absolutos- estadístico (2.445 hogares).

Los más de cuatro años de existencia del IMV han ayudado a 22.005  adultos (53,6%) y 19.013 menores (46,4%) en la provincia. Por sexos, han sido 21.648 los hombres que han cobrado la ayuda (52,9%) y 19.363 las mujeres (47,1%).

REQUISITOS. Para acceder al IMV el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior tendrá que ser «inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia». 

Así, «computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas», una circunstancia que impide la acumulación de pagas.

Además, la normativa establece que «no se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona beneficiaria individual que sea titular de un patrimonio neto, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual». El pasado año, este umbral equivalía a 20.353,62 euros.