Que la gestión de la inmigración, en España y en Europa, es perfectamente mejorable resulta casi indiscutible. Que la Unión Europea no sea aún consciente de que no basta con un 'pacto migratorio' como el suscrito el pasado diciembre, en el que casi se pone precio a cada cabeza de los ilegales para acogerlos, resulta casi una humillación a los derechos humanos. Que en España hace falta una concienciación urgente, a todos los niveles, un pacto transversal, sobre un problema que está en la base de la Historia de la humanidad, es algo evidente.
Por eso mismo resulta tan discutible la precipitada cesión a una sola Comunidad Autónoma, Cataluña, del control de las migraciones, que es tanto como hablar del control de las fronteras de un Estado, además de una invitación a que otras autonomías, por ejemplo Andalucía, Valencia o Canarias, que también padecen este fenómeno, reclamen lo mismo.
Ignoro, cuando esto escribo, en qué parará la negociación con la Generalitat de Cataluña (y con Junts, claro está) sobre en qué términos se producirá ese control migratorio desde el Govern catalán, hasta qué punto ello reemplazará la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil o qué repercusión tendrá en las relaciones del Estado con la Unión Europea a este respecto. Pero pienso que resulta importante conocer los datos acerca del rechazo que los catalanes, especialmente la derecha, sienten hacia una inmigración que piensan que está siendo mal o muy mal gestionada.
Tengo en mi poder los resultados de un sondeo realizado por Metroscopia en Cataluña en los dos últimos días -una muestra de 850 entrevistas- acerca de esta cuestión, considerada como el problema más acuciante que sufre esta Comunidad en la actualidad. El 58 por ciento de los encuestados piensa que la gestión oficial de la inmigración ilegal que llega a tierras catalanas va "en la mala dirección"; el 57 por ciento (en los votantes de la derecha, sobre todo Vox, este porcentaje crece hasta casi el 80 por ciento) cree que el número de inmigrantes en Cataluña es "excesivo" (según los datos oficiales de 2022 hay algo más de cien mil, destacando Marruecos, China y Pakistán; un 16'3 por ciento del total de la población que vive en Cataluña, incluyendo a la inmigración europea y latinoamericana).
Y, en opinión del 51 por ciento (el 53 por ciento de Junts, el 74 por ciento del PP y el 85 por ciento de Vox), la política de inmigración debería ser "más severa". El 55 por ciento piensa que es "difícil" la convivencia con los inmigrantes procedentes de Marruecos, el 40 por ciento que con los inmigrantes de Pakistán, el 37 por ciento con los rumanos y el 29 por ciento con los chinos. Resulta algo más que anecdótico hacer constar que un 12 por ciento de los encuestados que dicen votar a Junts piensa que también es difícil la convivencia con las personas procedentes de otras provincias españolas, mientras que solamente un 5 por ciento de los votantes de Esquerra Republicana opina lo mismo.
¿Significa esto que existe un problema de racismo o de xenofobia en Cataluña? Probablemente no mucho más que en el resto de España -que no es un país que pueda calificarse, en términos generales, de racista o xenófobo, aunque algunos sectores sí lo sean-, aunque en algunas otras Comunidades -Andalucía, Madrid- el rechazo a la inmigración es menor, entendiendo que es necesaria no solo para cubrir determinados puestos de trabajo -especialmente en la construcción, en el servicio doméstico o en la agricultura- sino para equilibrar la balanza de las pensiones.
Pero donde existe un acuerdo mayoritario es a la hora de opinar sobre el desacierto en la gestión de fenómenos como la llegada de embarcaciones con inmigrantes ilegales a las costas españolas: casi un ochenta por ciento del total de los españoles (y estos no son datos de Metroscopia) piensa que es necesaria una política más estricta en el control de estas embarcaciones, aunque una mayoría cercana al 70 por ciento asegura que debe socorrerse eficazmente a quienes logran arribar a tierra española.
De todos estos datos se desprende el error de admitir desde el Gobierno central que la gestión de algo tan complejo como la inmigración se fraccione por autonomías, una decisión criticada desde sectores policiales, judiciales y en diversos sectores de la economía, especialmente en los servicios, la construcción, la agricultura y la hostelería.
No parece, a la luz de los datos que manejan centros especializados y de los que se deducen de la encuesta que hoy traigo aquí, que traspasar la gestión migratoria en Cataluña a la Generalitat vaya en la dirección adecuada de encontrar soluciones prácticas, eficaces y humanitarias a un problema cada día más candente y, al tiempo, al que cada día parece dársele más la espalda, y no solo, desde luego, en Cataluña o en el resto de España. Es esta otra cuestión, en suma, que requiere más una cooperación que una confrontación entre las Comunidades Autónomas entre sí y entre las autonomías y el Gobierno central. ¿Para cuándo esa Conferencia de Presidentes Autonómicos, tan reclamada, antes de que Cataluña se convierta en un islote privilegiado y desigual y no solamente, desde luego, en la gestión migratoria?