Profesionales de la abogacía y procuradores del turno de oficio han emprendido una huelga indefinida para pedir que se mejoren las condiciones en las que prestan el que es un servicio fundamental para garantizar el derecho a la defensa de todos los ciudadanos. En el año 2022 los colegios de abogados, 83 en toda España, atendieron una cifra récord de asuntos de Justicia Gratuita. Se superaron, por primera vez, los dos millones de expedientes, un 4,1 por ciento más que el año anterior, según los datos recabados por el Observatorio de Justicia Gratuita. 

El dato aproxima a la utilización de este servicio, que prestan los profesionales inscritos en el registro voluntario y que ejerce la representación jurídica de quien carece de medios propios para sufragársela. En torno a un tercio de los abogados en ejercicio en España se encuentran inscritos en el turno de oficio, un volumen que, sin embargo, no deja de descender de año en año. 

La baja remuneración que obtienen por su trabajo es, sin duda, una de las razones de esta disminución y la causa fundamental de la huelga sobre la que venían avisando. Según el citado Observatorio, el coste medio por expediente que los profesionales ingresaron se situó el pasado año en 148,11 euros, una cifra que no se actualiza desde hace años y que se percibe con retrasos.

La función del turno de oficio es clave en el entramado de derechos y garantías del ciudadano, que necesita verse asistido por estos recursos. Pero ese derecho tampoco debería colisionar con el de los profesionales a percibir una remuneración digna por su trabajo. 

Un trabajo que si bien es en la inmensa mayoría de los casos vocacional y fundamentado sobre la convicción de la necesaria defensa de los ciudadanos, especialmente de quienes se encuentran en una situación más vulnerable, no debe ser correspondido por la administración con una remuneración casi testimonial. 

Las quejas de abogados y también de procuradores que se involucran en la justicia gratuita son fundadas y son además antiguas. La negativa de la administración a actualizar sus retribuciones y a tapar los agujeros por los que el sistema puede hacer aguas han acabado por colmar su paciencia. La imagen estos días de los togados a las puertas de las sedes judiciales con pancartas y reivindicaciones, mientras se suspenden vistas por falta de profesionales, es algo inusual que no se debe mantener en el tiempo.

Negociar sus peticiones y acercar posturas es una obligación de la administración, para evitar que la huelga se convierta en un problema añadido a los muchos que ya padece la Justicia. Problemas que en este caso afectan además a los más vulnerables, a quienes menos recursos tienen y más desasistidos están.