El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzó ayer una gira por África que durante los próximos días le llevará a Mauritania, Gambia y Senegal, donde mantendrá diversas reuniones diplomáticas con el objetivo de fortalecer la colaboración con estos países ante la crisis migratoria. Que el responsable del Ejecutivo español haya elegido iniciar el nuevo curso político poniendo el foco sobre la inmigración irregular habla por sí solo de la importancia, urgencia y complejidad del problema al que se enfrenta España como puerta de acceso a Europa para los migrantes africanos que huyen del hambre y la violencia junto a Italia y Grecia.

Sánchez, que se marchó de vacaciones con el fracaso de no poder sacar adelante su reforma de la ley de Extranjería en su maleta, tumbada por su socio Junts y el Partido Popular, ha optado por poner su interés en otra de las patas del problema, el origen, a través de acuerdos de migración circular que permitan contratar personas en estos estados para trabajar temporalmente en España y regresar a su país, y mejorando el funcionamiento de las devoluciones entre otras medidas como la que entrará en vigor hoy, la exigencia de un visado de tránsito aeroportuario a los mauritanos que hagan escala en los aeropuertos españoles.

No hay, sin embargo, ni una sola mención a medidas para plantar cara a las mafias que aprovechan el sufrimiento de los migrantes y que, en parte, son culpables de los preocupantes datos de inmigración ilegal que registra España este año. Solo entre el 1 de enero y el 15 de agosto, han llegado un total de 31.155 personas a nuestro país de forma irregular, un 66,2% más que en el mismo período de 2023 (18.745), según el último balance del Ministerio del Interior, concentrándose la mayoría en las islas Canarias, con un sistema de acogida más que sobrepasado.

El otoño revelará si las gestiones del presidente del Gobierno durante su gira africana han dado fruto, pero los antecedentes no son halagüeños porque de nada parece haber servido la ayuda conjunta por valor de más de 500 millones de euros a Mauritania, principal punto de partida para las personas migrantes que llegan a las islas Canarias, prometida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el propio Pedro Sánchez.

Sobre lo que no hay duda es que la crisis de la inmigración irregular solo puede empeorar sin acuerdos útiles y de calado con los países de origen y sin un enfoque conjunto que dé estabilidad política en el Sahel; sin un pacto político realista y comprometido en España por una ayuda humanitaria a las personas desplazadas, y sin una Unión Europea implicada en una solución que vele por sus fronteras.