El alcalde de Recas, Eliseo Ocaña, se enfrentará los días 30 y 31 a un juicio por prevaricación en la Audiencia Provincial. La huelga de uno de los funcionarios de la sala de la sección número dos impidió la celebración de la sesión prevista en mayo de 2023; entonces, las sesiones quedaron postergadas hasta finales de este mes, como confirma la exalcaldesa Laura Fernández.
Se trataba de la segunda suspensión del juicio. El origen de la petición de 11 años de inhabilitación para Ocaña y otros cinco representantes municipales se remonta al 17 de diciembre de 2018. Por entonces, gobernaba la 'popular' Fernández, y Ocaña, junto con tres ya exconcejales de su partido (María del Mar Panes, María Isabel Panes y José López), así como las ediles de UCIN (Mayte Bravo) y Ciudadanos (Pilar Barroso), votaron a favor de una moción para suprimir el sueldo de la regidora y de la segunda teniente de alcalde de entonces, Gabriela Zamorano, así como las retribuciones al resto de concejales del PP.
El Ministerio Fiscal formuló acusación contra ellos. Por ello, solicita la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 11 años y las costas.
«El argumento de la moción fue que yo soy muy mala: mala gestora, mala persona», abrevió en mayo en declaraciones a los medios la exalcaldesa de Recas. Asimismo, explicó que ese señalamiento del juicio en la Audiencia Provincial vino precedido de una suspensión en el Juzgado de lo Penal el 2 de febrero de 2021 por no ser competente para sentenciar los hechos.
Laura Fernández cobraba 1.300 euros como alcaldesa de Recas en esa legislatura, con una liberación del 75 por ciento. Por su parte, Gabriela Zamorano percibía 1.200 euros al mes y estaba liberada en este ayuntamiento sagreño de unos 4.000 empadronados. Ambas tardaron finalmente 10 meses en recuperar las cuantías apoyadas por la anulación de la moción, en mayo de 2019, adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo.
El juicio fue suspendido dos semanas antes de las últimas elecciones municipales, que finalmente ganó el candidato socialista. El PSOE logró cuatro concejales, el PP cinco y Ucin dos en los últimos comicios. De los otros cinco acusados, sólo Mayte Bravo continúa en el equipo de Gobierno, como primera teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Comunicación y Seguridad Ciudadana.