Broncos enfrentamientos con la oposición y sus aliados, presuntos casos de corrupción que salpican a expolíticos del partido y a su entorno familiar, un parón de cinco días para reflexionar sobre si seguir en la Moncloa... El primer año de legislatura del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha sido un Tourmalet, pero culmina con más de 20 leyes aprobadas. Eso sí, algunas de ellas a costa de duras negociaciones con sus socios parlamentarios, quienes le han apoyado para sacar adelante 717 votaciones, pero que también le han dejado caer en 72 ocasiones.

El propio presidente recordaba la pasada semana en el Congreso, ante los ataques de Junts, que no cuentan con una mayoría parlamentaria y que, por ello, deben «negociar y trabajar ley a ley». También la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ponía en valor lo logrado al cierre del primer año de mandato, que se inició en noviembre de 2023 y que culminará con 25 leyes aprobadas.

La coalición de Gobierno, liderada por el PSOE y Sumar y completada por el apoyo externo de partido autonómicos como ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, ha anotado más triunfos que derrotas, pero no sin sudar la gota gorda para cerrar algunos acuerdos.

La ley más celebrada, por lo que perseguía, por contar con el apoyo de todos los grupos políticos -excepto Vox- y por lo que supone un cambio en la Constitución, fue la reforma de su artículo 49 para eliminar el término disminuidos.

También aplaudida fue la aprobación en octubre, con un sí unánime en el Senado, de la norma para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Pero sin ninguna duda, la más polémica fue la de la ley de amnistía. El precepto para la normalización institucional, política y social en Cataluña provocó un terremoto político con su presentación y fue finalmente aprobada el pasado 30 de mayo, con 177 votos a favor y 172 en contra.

La iniciativa pactada por el PSOE con Junts y ERC y que permitió hace un año la investidura de Pedro Sánchez, contó con la oposición frontal del PP, Vox y UPN, opuestos a una ley que borraba todos los delitos y responsabilidades administrativas y contables vinculados al proceso de soberanía catalana.

Donde el Gobierno encontró el apoyo de los populares fue para reformar la ley del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pactada entre ambos dentro de su acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la lista de las que más polvareda política y mediática levantaron figura también la de intercambio de información de antecedentes penales. La polémica reforma provocó un duro enfrentamiento entre Gobierno y oposición, que acusó al Ejecutivo de incluir «de tapadillo» una enmienda de Sumar que suprimía disposiciones de la norma hasta entonces vigente, y que impedía que los condenados etarras pudieran descontarse las penas cumplidas en Francia.

La ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, la que regula las enseñanzas artísticas y la de creación de la autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, son otras de las normas que han salido adelante.

Junto a ellas, también se aprobaron la ley para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante y varios decretos convalidados.

Un primer año de legislatura convulso para el Gobierno, que en 2025 tendrá que seguir negociando con sus socios para dar luz verde a sus pretensiones.