El pleno del Parlamento Europeo (PE) rechazó la semana pasada el Reglamento del Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios (SUR), proyecto legislativo que pretende reducir el uso de los pesticidas en la Unión Europea (UE). La norma recibió 299 votos en contra y solo 207 a favor, mientras que 121 eurodiputados se abstuvieron. La ponente del expediente, la parlamentaria ecologista por Austria Sarah Wiener, pidió votar para que el proyecto legislativo fuera devuelto a la Comisión de Medio Ambiente del PE de manera que pudiera ser reconsiderado, pero los eurodiputados también rechazaron esa posibilidad.
La iniciativa legislativa original de la Comisión Europea (CE), presentada en junio del año pasado, planteaba objetivos legalmente vinculantes a nivel nacional y de la UE para reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030. Sin embargo, la propuesta ha tenido una tramitación parlamentaria complicada por las diferencias entre los partidos de izquierda y derecha y por los distintos puntos de vista de las comisiones de Medio Ambiente y Agricultura de la Eurocámara. Mientras que la Comisión de Medio Ambiente apostaba por unos objetivos ambiciosos para disminuir el uso de pesticidas y ponía el acento en la protección de la naturaleza y la salud, la Comisión de Agricultura apuntaba al impacto que la ley podría tener en la soberanía alimentaria. Los eurodiputados de la Comisión de Agricultura alertaban de que aún no hay suficientes alternativas a los plaguicidas químicos como para poder hacer la transición.
La falta de alternativas para poder seguir produciendo era precisamente una de las quejas del sector. «Nos alegramos de que hayan imperado el sentido común y la responsabilidad entre los europarlamentarios. Sin alternativas eficaces y plazos realistas, la propuesta de la Comisión Europea dejaría indefensos a los agricultores para combatir las plagas y provocaría una fuerte subida del precio de los alimentos al consumidor. El informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen apunta que la aprobación de este reglamento provocaría una pérdida del 20% de la producción vegetal europea y, en consecuencia, un mayor aumento del precio de los alimentos», ha comentado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
Desde COAG lamentan también la «hipocresía de la Comisión Europea» al no exigir las mismas condiciones a las importaciones de terceros países. «Perpetuaría la competencia desleal con nuestras producciones. Pedimos reciprocidad: las exigencias que se aprueben en la UE deben cumplirlas las producciones agrarias que entren al mercado comunitario». Además, la organización considera «inaceptable» la utilización de los fondos PAC para financiar el reglamento.
Para ASAJA la demanda es clara: las soluciones deben surgir del diálogo con los agricultores y sus cooperativas, en lugar de imponerse arbitrariamente. Los agricultores y las cooperativas agrarias de la Unión Europea están comprometidos con la mejora de su sostenibilidad medioambiental, pero para ello «necesitan objetivos realistas y el apoyo adecuado», elementos que han estado notablemente ausentes en el texto de la Comisión, sostiene la organización.
ASAJA asegura que esta decisión del Parlamento Europeo envía un mensaje claro: «La falta de diálogo, la imposición de objetivos sin fundamento y la ausencia de una evaluación adecuada del impacto deben cesar. La votación refleja la preocupación de los eurodiputados por el enfoque unilateral de la Comisión, percibido como ideológico y desconectado de las realidades del sector agrícola".
Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos también considera una buena noticia para el sector la votación celebrada en el PE. Según la organización, "la propuesta de reglamento de la Comisión habría puesto, de salir adelante, en serias dificultades al sector agrícola para mantener en buenas condiciones sanitarias sus producciones. De hecho, algunos cultivos sería imposible mantenerlos en sus zonas tradicionales al encontrarse implantados en áreas sensibles en las que las prohibiciones serían aún más estrictas".
En consonancia con otras organizaciones agrarias, Unión de Uniones asegura que las reducciones del uso de fitosanitarios que pretendía imponer la propuesta son inasumibles para el sector si no se destinan recursos científicos, técnicos y financieros suficientes para buscar alternativas eficaces y viables en cada zona agroclimática y, sobre todo, si estas alternativas no se buscan con el consenso de los agricultores. «Sin medir los impactos, sin hablar con los productores, sin poner a su disposición las herramientas necesarias, aprobar este reglamento habría sido irresponsable», consideran desde la organización.