Los contratos de emergencia que se realizan desde el ámbito local de la Comunidad Autónoma cuando sucede, por ejemplo, una DANA o una catástrofe, van a ser objeto de estudio durante el próximo año por parte de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.

El presidente de este órgano, Fernando Andújar, ha adelantado, en una entrevista con Europa Press, que aunque esta fiscalización "no es obligatoria", la Cámara quiere ver cómo se utiliza "esa fórmula de contratación", ya que, por su urgencia, es la que "tiene menos controles".

Ese -tomando como referencia el año 2022- es uno de los trabajos que figuran dentro del plan anual de fiscalización que la Cámara de Cuentas castellanomanchega se ha planteado para el próximo año, al margen de los que fija de forma obligatoria -la Cuenta General de la Junta, los ayuntamientos o el sector público- la Ley de la Cámara de Cuentas.

Reivindicando el trabajo de este recuperado órgano autonómico, ha reparado en que el desarrollo de su labor se basa en herramientas como la Inteligencia Artificial o programas informáticos de extracción de datos, un ecosistema bajo el paraguas de la aplicación 'Fiscalicex', pagada entre los trece órganos autonómicos de cuentas del país.

Junto a todos ellos y al Tribunal de Cuentas también se plantean fiscalizaciones conjuntas, que no tienen "por qué ser contables" y donde se enmarca una que van a iniciar este ejercicio próximo sobre el problema de la vivienda, que ahora mismo "es un tema interesante".

En ese ámbito se está realizando ya una fiscalización conjunta de los fondos europeos en materia de digitalización escolar "para ver cómo se ha empleado" en cada Comunidad Autónoma ese dinero, u otra sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones obligatorias en Castilla-La Mancha, que comenzará a principios de año, coincidiendo con la obligación legal de implantarla por parte de algunos municipios.

Además, Fernando Andújar tiene el objetivo de publicar en la página web de la Cámara de Cuentas -camaradecuentasclm.es- los dictámenes que hizo la Sindicatura de Cuentas regional hasta su supresión, a fin de que "quede constancia" de la situación de la Comunidad Autónoma en materia de fiscalización durante esos años.

Preguntado por fiscalizaciones como las de los contratos derivados de la pandemia de la Covid, que algunas comunidades autónomas sí han realizado, el presidente de la Cámara señala que durante esa época se encargaba de fiscalizar a la región el Tribunal de Cuentas, y la Cámara autonómica no se puso a funcionar hasta meses después de su creación en junio de 2022. "Llegamos tarde" para eso, ha admitido.

La Cámara de Cuentas regional cuenta actualmente con 30 personas trabajando en cuatro departamentos y una Secretaría General aunque "para ir al día" en los informes se necesitaría "el doble", señala su presidente, que acepta que, con este personal, se meten solo "en los charcos" que ven que pueden asumir.