El Ayuntamiento de Toledo acepta y tiene claro que tiene que pagar una importante cuantía a Valoriza, la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura de la ciudad, pero el importe todavía no es definitivo porque aún el Tribunal Superior de Justicia tiene que pronunciarse sobre la propuestas municipal, y la administración ha decidido tomar el camino de en medio y consignará 767.677 euros en el juzgado para congelar la factura y evitar el futuro pago de intereses de demora.

El Tribunal Superior de Justicia de la región emitió la sentencia en el año 2019, pero el Ayuntamiento no dio pasos para abonar la deuda con la concesionaria por retraso en el abono de facturas de 2004 a 2014, a pesar de la preocupación de la Tesorería municipal, a la espera de la resolución del conflicto a pesar de que existía remanente de Tesorería para el pago, y el asunto sigue dirimiéndose en la vía judicial, dado que las partes, por un lado la administración, y por otro, Valoriza, no se ponen de acuerdo en la cuantía.

En este caso, figura un primer informe de Tesorería con un importe de 521.965,76 euros, pero finalmente se ha incrementado hasta los 767.677 euros porque ha sido necesario incluir tres facturas sobre las que discrepaba el Ayuntamiento. Si bien, todavía le toca al tribunal dirimir la cuestión, dado que la administración no reconoce algunas facturas porque no se incluyó en su momento el registro de entrada ni el pago del IVA, mientras que la concesionaria exige un pago de 1, 2 millones de euros. 

El asunto se llevó esta mañana a la comisión de Hacienda para formalizar una modificación de crédito con cargo al remanente de Tesorería para ingresar esos 767.677 euros en el juzgado, un trámite que se saldó con la unanimidad de los grupos, aunque la cuantía no pasó desapercibida porque se acaba de aprobar también otra modificación de crédito de 2,3 millones de euros como consecuencia de la sentencia del TSJ sobre la expropiación de un terreno en las Carreras de San Sebastián.

En este caso, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, puso el acento en la asesoría jurídica del Ayuntamiento porque entiende que tiene que decidir cuando seguir y cuando dejar las batallas legales la administración si tiene claro que va a perderlas para evitar el pago de numerosos intereses. Por tanto, considera que tendría que haberse evaluado si el contrato «se ha cumplido con eficiencia» para que ahora disfrute de la prórroga y cree que al Ayuntamiento le saldría más rentable «mantener un servicio jurídico propio».

En respuesta, el concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, dejó caer con sorna que como se mantenga el goteo de sentencias y de costes que se está encontrando el actual equipo de Gobierno «cerramos el Ayuntamiento y que venga otro». Asimismo, puso como ejemplo que el Ayuntamiento decidió en su momento allanarse  para dejar de perder pleitos respecto a las plusvalías. 

También el concejal de Turismo, José Manuel Velasco intervino para rebatir a Fernández y dejar claro que las decisiones municipales no son responsabilidad de la asesoría jurídica «sino de las personas que  había al frente» de la administración.

Fiscalización. El portavoz de IU  fue más allá de la sentencia y del conflicto abierto con Valoriza, el nombre que heredó de Sufi, y preguntó si en algún momento el Ayuntamiento le dijo «si faltaban barrenderos o contenedores» en esos años. Con este ejemplo, Fernández subrayó que  las concesionarias tienen asegurado por ley el contrato y los beneficios, mientras el Ayuntamiento sigue «sin fiscalizar» los contratos para que se cumplan correctamente.