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Una ruidosa concentración organizada por el sindicato CNT exigió ayer en la plaza de Zocodover a la Junta de Comunidades la readmisión de los trabajadores de mantenimiento de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. Según explicó Mario, antiguo delegado de la sección sindical, estos trabajadores «fueron despedidos después de cuatro años de sucesivo acoso laboral y continua falta de pago de salarios».
Acusó a los antiguos responsables de la Consejería de presionarles para que hicieran trabajos en altura «sin tener las medidas de seguridad» o para «hacer horas extras sin cobrarlas y sin que fuera una decisión nuestra, cosa que es ilegal». «Después de cuatro años de acoso laboral», insistió Mario, los trabajadores decidieron crear una sección sindical y reclamar que se cumpliera la ley, «y a raíz de eso, como represalia, nos han echado a los doce trabajadores del servicio de Presidencia y Administraciones Públicas». A su juicio, «nos han despedido por exigir los derechos laborales más básicos, cobrar nuestro salario mínimo por convenio, más los pluses que tenían los compañeros y que se respeten las medidas de seguridad adecuadas, nada más».
Aquello, explicó el representante sindical, fue con el antiguo Gobierno regional del PP. Sin embargo, desde la llega del PSOE no han tenido mejor suerte. Tuvieron dos reuniones con el secretario general de Presidencia y el secretario general de Acción de Administraciones Públicas, pero «nos dieron un montón de regateos, y nos dijeron que no podían hacer nada por nosotros, a pesar de que son los actuales gestores de los contratos de mantenimiento, pero pasan olímpicamente de nosotros, no quieren intervenir, y nos han dejado totalmente a la deriva».
Estos doce trabajadores, el total de la plantilla, eran los que se encargaban del mantenimiento de los edificios de la Consejería en toda la provincia de Toledo. Tienen el primero de los juicios en enero y otro en febrero. Aún así, anunciaron ayer, «seguiremos luchando en la calle hasta que se busque una solución». A su juicio, se trata de «un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores», y las protestas seguirán en la calle hasta la readmisión.